El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha advertido que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado" como el 'pin parental' que Vox ha conseguido implantar en Murcia y que propone que los padres autoricen la asistencia de sus hijos a clases con contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.
Según ha explicado la ministra de Educación, Isabel Celaá, la propuesta, también defendida por Hazte Oír, "vulnera el derecho fundamental y constitucional a ser educado", recoge Europa Press.
La reacción de Celáa se produce tras la decisión del Gobierno de la Región de Murcia de aceptar el 'pin parental', una exigencia de Vox al Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos para apoyar los presupuestos autonómicos. Una situación que ya se produjo en Andalucía el año pasado y que se intentó en Cantabria.
"No lo vamos a tolerar, y este Ministerio acudirá a los tribunales en defensa de los derechos de todos", ha advertido. La ministra ha recordado que "la competencia la tienen atribuida los centros para tomar decisiones curriculares", así como por tratados europeos suscritos por España como la Convención de los Derechos del Niño o la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
"Las instrucciones que la Región de Murcia ha enviado a todos los centros educativos de su comunidad vulneran claramente las competencias que tienen estos atribuidas por ley para tomar sus decisiones curriculares", ha insistido Celaá.
Para la ministra, "el pin parental o la pretensión de que los padres conozcan de manera anticipada y autoricen a sus hijos a acudir a una determinada actividad no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta", algo que "no es aplicable al terreno de la educación" según una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987, ha señalado Celaá.
