El Parlament ha aprobado este martes expresar su voluntad de "ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán", con los votos de JxCat, ERC y la CUP y la abstención de los comuns. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha anulado la resolución al momento aunque no ha podido evitar su votación.
La moción de la CUP se ha debatido finalmente a primera hora de este martes -a pesar de las advertencias del Constitucional (TC)- después de que el Parlament haya cambiado el orden del día para poder aprobarla antes de que se reunieran el pleno del Constitucional. El PSC y PP no han votado y los diputados de Ciudadanos tampoco lo han hecho y han salido del hemiciclo.
Ante este cambio, el TC también ha avanzado su reunión a las 9:30 horas para actuar frente a la intención del Parlament de aprobar la moción de la CUP como le pidió el Gobierno central. De nuevo, el tribunal ha advertido al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, sobre las consecuencias penales en las que puede incurrir.
Así, ha suspendido los acuerdos que permitieron la tramitación de la moción si bien no ha podido evitar que a esa misma hora se estuviera realizando la votación de la iniciativa en la cámara autonómica, donde ha resultado aprobada con los votos de JxCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes.
Concretamente, el tribunal de garantías ha acordado por unanimidad admitir a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno de España contra los acuerdos de la Mesa del Parlament de Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019 y ha suspendido su vigencia.
El Parlament no publica la moción
El Boletín Oficial del Parlament (Bopc) no publicará la moción de la CUP. Fuentes parlamentarias han explicado que en la reunión de Mesa del Parlament el letrado mayor, Joan Ridao, se ha pronunciado en contra de publicar la moción el Bopc porque el secretario general, Xavier Muro, que es quien tiene competencias en las publicaciones del Parlament, no estaba presente, y el presidente de la Cámara, Roger Torrent, no se ha manifestado.
Las mismas fuentes han asegurado que el hecho de que el Bopc no publique el texto supone que no habrá derivaciones jurídicas, aunque otras fuentes avisan de que la tramitación de la moción sí que puede tener consecuencias.
Torrent asumirá las consecuencias
Torrent está dispuesto a asumir las consecuencias que se deriven de la aprobación este martes de la moción de la CUP, pero no pondrá en riesgo a los funcionarios de la cámara.
Fuentes de la presidencia del Parlament han explicado que Torrent entiende que son los responsables políticos los que deben asumir responsabilidades y no los funcionarios, después de que el letrado mayor de la cámara, Joan Ridao, se haya pronunciado en contra de publicar la moción en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (Bopc).
Así, recuerdan que la publicación en el Bopc es una potestad de los servicios jurídicos, que también han sido requeridos por el Constitucional, y por ello dichas fuentes expresan su solidaridad "antirepresiva" con ellos por tener que ejercer sus responsabilidades en este contexto.
También reiteran que Torrent siempre defenderá y garantizará que en el Parlament pueda hablarse de todo y que no convertirá la Mesa en un "órgano censor", por lo que no vetará iniciativas parlamentarias y hará respetar la libertad de expresión de los diputados en todas las circunstancias.
Además, consideran inaceptable que el Gobierno siga "con la judicialización y los intentos de censura" del Parlament, y llaman al Gobierno a abordar una solución al conflicto que pase por el diálogo y no por los tribunales.
Reacción del Gobierno
"El Gobierno ha llevado ante el Tribunal Constitucional cada decisión del Parlament que pudiera suponer un incumplimiento de las sentencias y decisiones del tribunal", defienden fuentes de Moncloa.
"En los dos últimos Consejos de Ministros, el Gobierno decidió además solicitar al Constitucional que, si así lo considera, deduzca testimonio del presidente del Parlament y los miembros de la Mesa que han desoído de manera reiterada sus sentencias y providencias. La cuestión está siendo estudiada por el Tribunal Constitucional y el Gobierno va a esperar para ver cuál es su decisión", añaden el Ejecutivo en funciones.
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