Los diputados de PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV evitaron este jueves la creación en Les Corts Valencianes de una comisión de investigación que afectaba a Ximo Puig. Versaba sobre la 'quita' de 1,3 millones concedida por el banco público valenciano al grupo mediático Prensa Ibérica para adquirir la deuda de Grupo Zeta. La razón por la que Ciudadanos solicitaba esta comisión era el posible conflicto de intereses de Puig en la operación, ya que el presidente valenciano es dueño del 1,16% de 'El Periódico Mediterráneo' -diario del que procede la deuda perdonada y en el que pasa a tener por socio mayoritario (al 85%) a la beneficiada Prensa Ibérica-.
El argumento esgrimido entre los partidarios del 'no' a la investigación parlamentaria fue que tanto el presidente Puig como el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, ya habían ofrecido explicaciones suficientes al respecto. Para los partidos de la izquierda no hacía falta ninguna aclaración adicional de las que habría permitido el formato de la comisión de investigación, que contó con los votos a favor del centro-derecha (PP, Cs y Vox).
El proceder de Puig
El objeto a investigar era si Puig pudo influir en beneficio propio, ya que el Gobierno valenciano, con el voto a favor del presidente, habilitó tan solo días antes al IVF para perdonar grandes cantidades de dinero. Acto y seguido el IVF realizó la primera 'quita' -y de momento la única-, que fue la que favoreció a los socios del dirigente. Illueca subrayó al respecto que la herramienta aprobada por el Consell no fue ad hoc, sino de carácter general, una versión que se podría haber contrastado en la comisión de investigación llamando a comparecer a la misma, por ejemplo, a otros cargos del IVF.
El propio Illueca, en una rueda de prensa, reconoció que el presidente Puig le había preguntado por el crédito antes de habilitar al IVF para acometer 'quitas'. "Por supuesto que hablé con el presidente de este tema en la medida que era un tema que estaba en los medios de comunicación. En conversaciones sí que salió. Me preguntó cómo iba la operación, cuánto dinero se nos debe, cómo está la cosa", dijo Illueca. En el marco de la comisión de investigación ambos, en caso de haber sido citados a comparecer, habrían podido explicar con más detalle el propósito de estas conversaciones.
El informe de Deloitte
También quedan sombras por iluminar en el relato ofrecido por el IVF para aceptar la mencionada 'quita'. Illueca destacó que no tenía alternativa, que el grueso de la banca acreedora de Grupo Zeta iba a actuar en el mismo sentido y que contaba con un informe de Deloitte que le aconsejaba perder esos 1,3 millones (el 70% del total de 1,9 millones) ante la posibilidad de perderlo todo si se producía el escenario menos favorable.
Pero el contenido de ese informe de Deloitte solo ha trascendido a través de las palabras de Illueca. El IVF niega el acceso al mismo a este periódico "por motivos de confidencialidad". La comisión de investigación habría sido un buen contexto para que lo solicitaran y lo analizaran al detalle los diputados de Les Corts, tanto este informe (y los diferentes escenarios que planteaba) como todos los documentos que componen el expediente.
El impacto en las acciones
Otra cuestión que habría sido interesante investigar era el impacto de la 'quita' en la participación de Puig. En sus declaraciones a los medios tras la operación el dirigente ha minimizado el valor de sus acciones por representar solo el 1,16% de Pecsa, la sociedad de 'El Periódico Mediterráneo' -todo pese a que estos títulos le han reportado cerca de 19.000 euros en dividendos durante los últimos tres años, siendo presidente-. Al respecto, habría sido pertinente un análisis experto sobre la salud de las acciones de Puig antes y después de la quita, cuando tenía por socio a una firma camino de la quiebra (Grupo Zeta) y ahora que tiene un aliado solvente (Prensa Ibérica).
También habría sido pertinente un seguimiento sobre lo ocurrido con la deuda de 'Mediterráneo'. Formalmente la operación fue un mero traspaso del crédito. Es decir: el periódico pasó de deberle los 1,9 millones al IVF a debérselos a Prensa Ibérica. Pero el cambio de acreedor es sustancial, puesto que Prensa Ibérica es a la vez el nuevo dueño del diario y tras quedarse el pasivo por solo 600.000 euros. En este sentido cabía preguntarse qué ha sucedido exactamente con el crédito y cómo ha afectado a los minoritarios como Puig, si responden ante la deuda en las mismas condiciones que lo hacían antes o se han visto beneficiados.
Versiones no conocidas
El abanico que ofrecía la comisión de investigación era amplísimo para abordar la cuestión con la transparencia de la que hace gala el gobierno tripartito. También podrían haber participado en la misma protagonistas de la operación como Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, para ofrecer la versión de la empresa beneficiada. E incluso el PSPV ha desaprovechado la oportunidad de ampliar el foco de la misma e investigar el origen de la deuda, en el que señala una mala gestión inicial del PP por consentir que la deuda de Pecsa (empresa rentable) se sindicara en la de Grupo Zeta (que fue quien empezó a impagar).
En defensa de que se creara la comisión, el diputado de Ciudadanos Vicente Fernández apeló la "conciencia" de cada diputado para elegir entre "decencia o indecencia" para investigar o unos movimientos que "permiten que Puig siga cobrando 600 euros todos los meses en dividendos". "Tras la 'quita' las acciones valen 177.000 euros", afirmó en referencia a su valor nominal. "Sin la venta valdrían cero", agregó en alusión a la posible quiebra de Zeta. El síndic del PSPV, Manuel Mata, le replicó que igualmente "valen cero" al suponer solo el 1,16%.
Y Puig escapó... a su periódico
Como se esperaba, fue una votación ajustada. Se impuso la negativa de la izquierda por 48 votos a 45. La ausencia de los consellers de Compromís Mónica Oltra y Rafael Climent, de viaje en China, requirió que nadie faltara para auxiliar al presidente. De hecho el grueso de Compromís entró expresamente para votar tras largos minutos de ausencia. Se recurrió incluso al voto telemático de la diputada de Unides Podem-EUPV y consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, que no dudó en incurrir en la paradoja de votar en aras de la opacidad.
Y también paradójico fue el proceder de Ximo Puig. El presidente de la Generalitat desapareció del hemiciclo poco antes de las 12.00 horas, absteniéndose -esta vez sí- de tomar partido en una decisión que le afectaba de forma directa. Curiosamente, según constaba de forma explícita en su agenda, el socialista tenía previsto acudir a las 13.00 horas a un foro en Castellón organizado precisamente por su diario: 'El Periódico Mediterráneo'. Puig pudo celebrar con su grupo mediático que la polémica 'quita' no va a ser investigada, al menos en el Parlamento Valenciano.
