Política

Los independentistas ensayan su respuesta callejera a la sentencia del procés

  • Celaá advierte que "se utilizarán todos los instrumentos del estado de derecho"
Vista de la manifestación celebrada ayer en Barcelona. EFE

Los independentistas realizaron ayer un ensayo, a escala, de las movilizaciones que tienen anunciadas una vez que el Tribunal Supremo dé a conocer la sentencia del procés. Una manifestación, con entorno a un millar de participantes, recorrió varias calles del centro de Barcelona, desde la estación de Sants hasta la Jefatura de Policía, en la Via Laietana. En Directo | La sentencia del Supremo a los líderes del procés.

Los asistentes lanzaron cánticos como 'Las calles serán siempre nuestras' y exigieron la libertad de los presos del procés, al tiempo que cortaban el tráfico por donde pasaban y en las calles cercanas.

La movilización ciudadana para protestar contra el fallo se verá reforzada por la respuesta política a nivel institucional y de los partidos. La ANC y Òmnium Cultural ya han anunciado las 'Marxes per la Llibertat': cinco marchas de unos 100 kilómetros hacia Barcelona desde Girona, Tarragona, Tàrrega (Lleida), Vic y Berga (Barcelona), y que durarán el miércoles, jueves y viernes posteriores a la sentencia.

Además, la ANC ya ha llamado a movilizarse tras conocerse el contenido de la sentencia, ya sea saliendo a la calle, haciendo ruido o parando el coche y haciendo sonar la bocina: "Estés donde estés, cuando salga la sentencia detente y hazte oír", dice mediante un vídeo en redes sociales.

Publicación del fallo

Este lunes está previsto que los magistrados del Tribunal Supremo, que han dirigido el juicio del procés firmen y notifiquen la sentencia que, según se ha filtrado a diversos medios de comunicación, el acuerdo unánime alcanzado entre los magistrados, califica de sedición los hechos ocurridos durante el otoño de 2017 en Cataluña, rechazando que haya existido violencia suficiente para calificar los hechos bajo el delito de rebelión.

La sedición se regula en el artículo 544 del Código Penal y se aplica a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales el cumplimiento de las leyes o el ejercicio de las funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público.

Al optar por este delito, cuya aplicación es la que finalmente habría logrado la unanimidad de los siete magistrados que integran el tribunal, se da la razón a la Abogacía del Estado que reclamaba estas penas frente a las instadas por la Fiscalía, que solicitaban penas de hasta 30 años por un delito de rebelión para varios de los encausados.

Medidas del Ejecutivo

Adelantándose a las reacciones que se puedan producir una vez conocida la sentencia, la portavoz del Gobierno en funciones y ministra de Educación y Universidades, Isabel Celaá, en Orense, ha ratificado que el Estado intervendrá en Cataluña, si la Generalitat "desea abrir o abre la puerta de la excepcionalidad".

También, señaló ater que lo ideal es que este estado de excepcionalidad no llegue a ocurrir, sino que "quien sienta una emoción pueda expresarla de manera libre, democrática y civilizada".

Aseguró, que "se aplicarán todos los instrumentos del estado de derecho con firmeza democrática, proporcionalidad y unidad". Y concluyó que "de ninguna de las maneras habrá ilegalidad en la toma de decisiones". "La cuestión del orden está garantizada por una excelente coordinación entre las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y los Mossos d'Esquadra", concluyó.

Los planes de la Generalitat

La consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, desvelaba el sábado que habrá una declaración institucional inmediata tras el fallo, que liderará el presidente Quim Torra y que en ella se verá el posicionamiento y el camino que quiere seguir la Generalitat.

El propio Torra pidió al 'Parlament' en la sesión de control al presidente del pasado miércoles, una respuesta institucional basada en "la autodeterminación, la democracia y los derechos humanos".

Por la unidad de España

El sábado, mientras tanto, unas 10.000 personas, según cifras del Ayuntamiento de Barcelona, participaron en la manifestación de Cataluña Suma y Espanya i Catalans por la Hispanidad, a la que se adhirieron Societat Civil Catalana, Somatemps, Convivencia Cívica Catalana y la Asociación por la Tolerancia-. En ella, se corearon consignas por la unidad de España, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Condena de las filtraciones

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha condenado las posibles filtraciones de la sentencia, al señalar que "el presidente del Tribunal Supremo ha trasladado su malestar por dar por buenas unas filtraciones que para nada favorecen el funcionamiento de la justicia". Incluso, ha invitado a todas las formaciones políticas tienen que condenar "que se hayan producido filtraciones" .

Por su parte, la defensa de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull han anunciado que no descartan "interponer una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial si la sentencia del Supremo coincide con las presuntas filtraciones.

El Tribunal Constitucional (TC) será, previsiblemente, la próxima batalla judicial, puesto que a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia, las partes tienen 30 días para recurrir en amparo ante el TC, tal y como recoge la Ley Orgánica de este órgano judicial.

Las embajadas, en espera

Una de las acusaciones generalizadas al Gobierno de Mariano Rajoy, tras el 1-O fue que había perdido la batalla de la imagen en el exterior frente a las embajadas catalanas.

Como ejemplo, la ANC ha convocado 30 manifestaciones. en el extranjero en respuesta a la sentencia por el 1-O, que se celebrarán en diversas ciudades, como Washington, Bruselas, Londres y Berlín.

En esta ocasión, según ha revelado a Europa Press "fuentes conocedoras de los preparativos", que las embajas españolas "están preparadas para responder si el independentismo, a raíz de la sentencia del procés, pone en marcha un ataque a la democracia o las instituciones fuera de las fronteras españolas".

"No haremos dejación de funciones", repite sin cesar la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, en cuyo departamento ha recaído buena parte de la coordinación de estos esfuerzos. 

Ante los indicios de que la Generalitat buscará internacionalizar su respuesta, las embajadas tienen, más que una instrucción específica, la directriz general de responder siempre a cualquier ataque y, para ello, tienen mucho trabajo ya hecho, señalan las fuentes consultadas. 

La inmunidad de Junqueras

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra este lunes, 14 de octubre la vista sobre el alcance de la inmunidad europarlamentaria del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el mismo día en que se espera que se dé a conocer la sentencia del Tribunal Supremo contra los encausados en el proceso del procés en Cataluña. 

La defensa del líder de ERC admitió hace semanas que le perjudicaría que se conociera el fallo del Supremo antes de que el TJUE resolviera esta cuestión, porque no habría forma de "hacer valer la inmunidad como eurodiputado, que le pudiera reconocer la Justicia europea, si la sentencia del Alto Tribunal español fuera condenatoria. 

La cuestión prejudicial que debe examinar el TJUE fue remitida el pasado junio por el Tribunal Supremo a petición de la defensa de Junqueras, que solicitó que acudiera a Luxemburgo en un recurso de súplica contra la decisión del alto tribunal de no darle permiso para ir a acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central y así acceder a la condición plena de eurodiputado.

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