Valencia
La reforma de la financiación autonómica que ansían autonomías como la Comunitat Valenciana no va a ser, ni mucho menos, una prioridad del PSOE si los socialistas se imponen en las elecciones del 10 de noviembre (y logran esta vez formar un Gobierno).
Pedro Sánchez, quien consideraba esta reforma una cuestión urgente hasta que accedió al poder, se mantiene desde entonces de perfil. Y el último jarro de agua fría sobre la misma cayó este miércoles en Valencia, donde la planteó como un proceso de larga reflexión a materializar "en los próximos cuatro años", sin ninguna prisa.
Así se pronunció el presidente del gobierno en funciones y candidato a los nuevos comicios en un mitin de precampaña en la capital del Turia. El dirigente no dudó en referirse a la infrafinanciación de la autonomía como un "clamor" al que conviene "ponerle ya por fin el remedio que merece esta tierra". Pero sus soluciones son a largo plazo.
Habló de "tratar de empatizar y resolver el sudoku de la financiación autonómica", pero sin soluciones inmediatas, sino desde un amplio debate sobre elevar con carácter general y de forma consensuada las aportaciones a las autonomías en materias como educación, sanidad o servicios sociales. Este largo proceso, según precisó, requerirá "justicia social". "Que quienes tengan más, paguen más", explicó.
Se trata de una hoja de ruta que nada tiene nada que ver con la que puso el socialista sobre la mesa de Compromís para lograr el voto del diputado Joan Baldoví a favor de su investidura. Entonces, hace menos de dos meses, fijó un calendario para acometer la reforma de la financiación en tan solo ocho meses, e incluso se comprometió a negociar la deuda de la Comunitat Valenciana.
Ximo Puig, descolocado
La postura fijada por el PSOE deja en mal lugar al presidente valenciano Ximo Puig, que hizo en su primera legislatura bandera del "problema valenciano" frente al PP de Mariano Rajoy y se encontró, con el cambio en la moncloa, a un presidente de su mismo partido que negó la posibilidad de reformar la financiación desde el minuto uno, en sus primeras comparecencias tanto en el Senado como en el Congreso. Por descontado, en la legislatura fallida tras las elecciones del pasado 28 de abril tampoco se avanzó en esta cuestión.
En el caso de la Comunitat Valenciana la no solución de este agravio es un factor determinante para sus finanzas. El último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) volvió situar a los valencianos como los peor tratados con el actual sistema de financiación, al recibir por habitante 641 euros menos que los cántabros -los que más reciben- o 198 euros menos que la media estatal.
En el marco de este desequilibrio el Gobierno que preside Ximo Puig lleva años incluyendo en sus presupuestos una "partida reivindicativa" -ingresos ficticios- por los algo más de 1.300 millones de euros que no llegan del Estado pero que, según estiman, deberían llegar si se financiara a la Comunitat como a la media del resto de regiones.
La consecuencia de este funcionamiento es obvia: la cantidad se convierte en déficit y engorda año tras año la deuda valenciana, una peligrosa escalada que no parece que vaya a cambiar si continúa Pedro Sánchez en la Moncloa.
