Política

Los letrados de la Asamblea de Madrid estiman que el Gobierno regional sí puede contestar preguntas sobre Avalmadrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Foto: EFE

Los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid han entregado a la Mesa de la Asamblea de Madrid un informe en el que indican que el Gobierno regional sí puede contestar preguntas sobre Avalmadrid, al ser una empresa que en la que la Comunidad participa al 31,07%, han informado fuentes parlamentarias.

El Grupo Parlamentario de PSOE pidió al Gobierno autonómico una copia del expediente de Avalmadrid relativo a la concesión del crédito en 2011 a la empresa Mc Infortécnica S.L, en la que tenía participación el padre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Entonces, el Ejecutivo regional dijo que no podía dar la información que le solicitó desde la Asamblea de Madrid sobre el expediente de Avalmadrid ya que alegaron que se trata de "una sociedad privada que "no forma parte del ámbito de la administración público de la Comunidad de Madrid ni está incluida dentro del sector público autonómico".

Ahora, el informe jurídico que ha adelantado la Cadena Ser y al que ha tenido acceso a Europa Press estima que hay que tener en cuenta los elementos "subjetivos y patrimoniales que vinculan a la citada entidad con la Comunidad".

La pregunta del PSOE

En el caso de la pregunta que solicitó el PSOE a la Comunidad sobre cuáles son los motivos por los que Avalmadrid solicitó un análisis forense sobre la cartera de avales seleccionada y analizada por el equipo de Banco de España, que debía centrarse "por fases de la concesión y formalización de los avales y no en el seguimiento posterior, los letrados entienden que "procede su admisión a trámite y su calificación como pregunta para respuesta escrita.

A juicio de los servicios jurídicos, la pregunta de la parlamentaria socialista "cumple con los requisitos", ya que no solicita datos, informes o documentos ni se refiere "expresamente a personas que no tengan una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad.

"Ha de precisarse que en un Estado de Derecho como el español, el hecho de que una persona física o jurídica quede expresamente sometido a un determinado régimen de supervisión no excluye por si solo que pueda ser objeto de inspección, análisis o enjuiciamiento por otro tipo de órganos y poderes públicos cuando resulte legalmente procedente", han sostenido.

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