
La Fiscalía del Tribunal Supremo no aprecia ningún indicio de delito en las acusaciones vertidas por el sindicato Manos Limpias en forma de una querella contra Pablo Iglesias, líder de la formación política Podemos.
La Fiscalía del Tribunal Supremo se niega a investigar los presuntos cobros en negro de Pablo Iglesias, así como los pagos sin declarar a los trabajadores de su asociación sin ánimo de lucro CMIProducciones Con Mano Izquierda. El sindicato de funcionarios Manos Limpias había presentado una querella contra el líder de Podemos por asociación ilícita, apropiación indebida, delito societario de administración desleal y contra la Hacienda Pública, entre otros, pero el fiscal jefe de la Sala de lo Penal, Antolín Herreno considera en un escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que no hay pruebas suficientes contra él.
Manos Limpias había aportadofacturas y recibís, además de las declaraciones del empresario Enrique Riobóo, propietario y director de Canal 33, que aseguraba haber pagado en negro a Iglesias parte de una comisión por un contrato con Hispan TV, la televisión pública iraní. "Pactamos el pago de 2.000 euros al mes, pero Iglesias me exigió que sólo hiciéramos factura por 500 y firmara recibos por el resto para no tener que declararlo", aseguró en su declaración ante notario, lo que ha motivado que Hacienda haya abierto una investigación.
El fiscal asegura, sin embargo, que "no es fácil concretar los hechos imputados pues se exponen de modo muy confuso, confundiendo hechos con sospechas u opiniones, en su mayor parte, carentes de todo soporte probatorio". Por otra parte señala que es complicada también la calificación jurídica de los hechos "ya que se formulan un buen número de alternativas posibles sin precisión en cuanto a los elementos de cada uno de los tipos".
La querella contra Pablo Iglesias se presenta a raíz de las informaciones que este periódico fue publicando entre los pasados meses de noviembre y diciembre. En la querella se aseguraba, como denunció este periódico, que el secretario general de Podemos "camufla bajo la forma jurídica de una asociación sin ánimo de lucro, como es CMI, una productora pantalla con carácter eminentemente mercantil y lucrativa, que no persigue en esencia ningún fin social, sino más bien realizar actividades mercantiles encubiertas, evadiendo las correspondientes obligaciones fiscales". Como prueba de su actividad mercantil se mencionan los trabajos realizados para Izquierda Unida o la Embajada de Bolivia. La Asociación Cultural Producciones CMI habría llegado a facturar así importantes cantidades desprovistas del fin para el que se habría creado.
La Fiscalía del Supremo asegura sin embargo que se habla de delito contra Hacienda "sin referencia alguna a las cuantías supuestamente dejadas de ingresar en el Fisco y de cohecho o tráfico de influencias en atención a la condición de eurodiputado del querellado respecto de unos hechos que tuvieron lugar cuando aún no tenía dicha condición". Todo ello, sin aportar además, según dice, "ni un sólo indicio objetivo y mínimamente consistente de la comisión de alguno de los delitos que también genéricamente se imputan".