Bilbao
"Sobre los privilegios del Concierto Económico, hay mucho de leyenda y poco de leerse los papeles", afirma Idoia Mendia, vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, sobre la manida crítica al instrumento de financiación de Euskadi. Recuerda Mendia que es un sistema unilateral de riesgo y que si se gestiona mal "no podemos pedir ayuda al Ejecutivo central".
La coalición entre nacionalistas y socialistas vascos ha cumplido un año "y funciona porque todos seguimos el programa acordado", asegura la vicelehendakari. "Es claro y público nuestro punto de fricción. Por eso se ha dejado fuera del Gobierno". Al igual que su socio en el Gobierno vasco, el PNV, el PSE-EE es partidario de avanzar en autogobierno, actualizar competencias y "blindar las conquistas sociales logradas en los últimos 40 años, pero todo en colaboración con el Ejecutivo de España y sin vías unilaterales", aclara Idoia Mendia. La vicelehendakari segunda detalla a elEconomista los retos y objetivos para el nuevo curso político.
Se ha cumplido un año del Gobierno en coalición. ¿Qué balance hace del mismo?
El trabajo de las coaliciones siempre se hace previamente para forjar un acuerdo sólido, centrado en los ejes principales que en este caso son la recuperación del empleo, la recuperación económica y la salud, porque este Gobierno va a seguir marcado por la pandemia. La coalición funciona bien porque seguimos el programa de Gobierno y todos los departamentos, sean socialistas o nacionalistas, desarrollan el mismo programa.
¿No hay ningún 'punto negro' en la relación?
Las discrepancias, si existen, hay que gestionarlas y tratarlas en casa. Lo importante es que hagas un buen acuerdo basado en las cosas importantes. Somos dos partidos bastante distintos y es claro y público nuestro punto de fricción y desacuerdo. Por eso se ha dejado fuera del Gobierno, porque lo más importante es la estabilidad.
¿Cuál es la posición del PSE-EE respecto del avance en autogobierno?
Los socialistas siempre hemos creído que el autogobierno está al servicio del ciudadano y que hay que avanzar, sin repetir fracasos como el 'Plan Ibarretxe' o la vía unilateral catalana. Somos partidarios de modernizar y blindar las conquistas sociales que hemos hecho en los últimos 40 años, como son el derecho a la vivienda y el derecho a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y que no están en el Estatuto vigente y hay que ponerlas en él. Reforma del Estatuto sí, pero que sea algo útil, no para enfrentar a la ciudadanía vasca. Los acuerdos alcanzados en la comisión de expertos sobre la ponencia de autogobierno están definidos y los desacuerdos, también.
¿Qué reformas incluiría en el Estatuto?
Si finalmente nos tomamos en serio una reforma que dote a Euskadi de un Estatuto del siglo XXI, hay competencias muy interesantes, por ejemplo, cómo articulamos mejor nuestra presencia en la UE, cómo gestionamos la inmigración ante el reto demográfico, cómo podemos hacer decretos leyes como tienen otras CCAA y en pandemia no hemos podido. Todo en colaboración con el Gobierno de España.
Pero antes habrá que completar las transferencias pendientes. ¿Lo ve factible en la actual legislatura?
Hay un calendario de negociación de materias, que algunas de ellas no están recogidas en el Estatuto, pero son materias del Estado transferibles a las CCAA. Es un calendario comprometido entre Gobierno central y vasco sobre el que se trabaja. Los comicios y la pandemia han retrasado el proceso, pero ambos gobiernos trabajan en la negociación.
Ahora mismo está 'en el horno' el traspaso del Ingreso Mínimo Vital. ¿Se recibirá antes de que se cumpla el año de su fecha prevista a finales de octubre?
En el tema de las transferencias es difícil poner fechas concretas, porque aunque alcances el acuerdo hay que desarrollarlo y descender a cuestiones concretas. La transferencia del IMV es de interés prioritario, tal y como el Gobierno vasco entiende esta palabra y está recogida en la normativa: gestionar la materia de manera íntegra. Euskadi nunca asume una transferencia que no venga con ese carácter integral y en eso están las negociaciones.
¿Será un gran paso para lograr el régimen económico de la Seguridad Social?
La fecha del calendario es de comienzo de negociación a mediados de 2022. Me gustaría un matiz sobre el IMV, ya que el Gobierno de España lo ha presentado como una prestación del Instituto de la Seguridad Social pero no está en el fondo de la gestión de las pensiones, sino en los Presupuestos y forma parte de las políticas sociales. Por tanto, no sirve de luz para una transferencia futura de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Ninguna CCAA ha abierto ese camino y hay que pensar cómo hacerlo. Será una negociación interesante desde el punto de vista jurídico, larga y muy compleja. Pero no tiene nada que ver con el IMV.
La mayoría de las CCAA piensan que en la gestión de la pandemia ha faltado la cogobernanza. ¿Qué opina al respecto?
La cogobernanza ha existido, pero no es fácil cogobernar en un Estado como el español con un gobierno central y autonómicos. Con todas las dificultades y complejidades la cogobernanza ha existido. Creo que nunca ha habido mayor diálogo entre las CCAA y el Gobierno de España, y entre las autonomías entre sí. Tiene que ser algo que ha venido para quedarse, que tenemos que guardar, mantener y desarrollar.
Sobre el Concierto Económico, ¿qué diría a los que acusan a Euskadi de comunidad privilegiada y que goza del favor del Gobierno central?
El Concierto Económico es ley constitucional y todo gobierno, sea del signo que sea, tiene que cumplirlo. Sobre los privilegios les diría que hay bastante leyenda al respecto y poco de leer los papeles. El Concierto Económico es un sistema unilateral de riesgo, es decir, si nos va mal no podemos acudir a la puerta del Gobierno de España como hacen otras CCAA. Por eso, decidimos que servicios públicos queremos y en función de ello decidimos que fiscalidad tenemos que tener. Es una demostración de responsabilidad y cautela en la gestión para los próximos años.
¿Qué le parece la bajada de impuestos de comunidades como la madrileña?
Realmente me parece que la Comunidad de Madrid hace dumping fiscal al resto de CCAA, porque tiene por un lado el plus que es la capital de España con la sede de cantidad de empresas potentes que le dota de un importante volumen de recursos económicos, y por otro, rebaja todo lo que puede rebajar los impuestos como comunidad en su capacidad. Lo cierto es que en los últimos 20 años los servicios públicos han sufrido un deterioro.
¿Qué objetivos se fija para el nuevo curso?
El objetivo principal es bajar la tasa de paro por debajo del 10% al final de esta legislatura y se está ya en el 10,3, gracias a la rápida recuperación y a que no hubo la pérdida de empleo que se esperaba. También trabajamos en empleo de calidad, igualdad, desempleo juvenil, etc. y en la digitalización de Lanbide para que se dedique a orientación y activación laboral. Y la reforma de la RGI es otro reto para llegar a los colectivos más necesitados: personas mayores e infancia.
¿Es partidaria de la subida del salario mínimo interprofesional?
El compromiso del presidente Pedro Sánchez era hacerlo con el horizonte económico despejado y ahora es el momento. En la anterior crisis ya asistimos a una merma en la capacidad de compra de la ciudadanía y no fue bueno para la economía. Siempre es mejor un acuerdo unánime que redunda en beneficio de todos. No entiendo las reticencias para una subida de este calibre por parte de la patronal.
¿Cree que el peso de su socio el PNV en Madrid es importante para los intereses de País Vasco?
Hay 18 diputados vascos en Madrid y los 18 defienden los intereses de Euskadi y trabajan para que al conjunto de España le vaya bien y, por ende, a Euskadi. A Euskadi no le va a ir bien, si a España no le va bien y en ese sentido todos los partidos vascos defendemos los intereses y la agenda vasca. Pero es cierto que siempre que hay socialistas en el Gobierno vasco y en el Gobierno de España, a Euskadi le va mejor.
