Bilbao
Euskadi tiene la fiscalidad más competitiva del Estado en relación con las demás regiones, según el Índice de Competitividad Fiscal (IACF). Bizkaia lidera el ranking seguida de Álava, pero comunidades como Madrid avanzan rápidamente superando ya a Gipuzkoa. Y es que un impuesto como el de patrimonio, aún vigente en País Vasco, penaliza, especialmente, a la empresa familiar y a sus ejecutivos. José Alberto Pradera, exdiputado general de Bizkaia, propone eximir de este impuesto a quien genera actividad y empleo, "hay que tratar bien al gestor para que desarrolle proyectos en el territorio", afirma.
¿Qué visión prospectiva de Euskadi podría realizar en términos políticos, económicos y sociales?
Si nos mantenemos en el valor del mundo solidario y cooperativo vamos a ser un territorio amable con el ciudadano. Las instituciones están siendo un reflejo de esa voluntad social y mientras se mantenga veo un horizonte positivo. Ya han pasado 40 años para ver la importancia que ha tenido el marco institucional a favor, aunque el origen fue muy duro con ETA. El modelo basado en la cooperación ha hecho que la transversalidad funcione y en Euskadi se ha demostrado que se ha negociado por todos los lados.
¿Qué opinión le merece que transcurridos 40 años el Estatuto de Gernika siga incompleto?
Es una pena. Un total de 37 transferencias pendientes que algunas se han quedado a día de hoy irrelevantes y, en cambio, han surgido otras de interés: el desarrollo digital, la seguridad de las personas, el tema cibernético, el asunto fiscal respecto a la tasa Google... Nuevas figuras impositivas sobre actividades de una potencia tremenda. Bruselas está definiendo materias nuevas y sería bueno estar allí y participar en su desarrollo.
¿Cómo se puede participar en el desarrollo de esas materias?
El País Vasco tuvo una oportunidad en 1993, cuando Felipe González y Solchaga ofrecieron al PNV entrar en el ministerio de Industria, pero no se aceptó. Igual hay una segunda oportunidad con Pedro Sánchez. Por ejemplo, una secretaría de Estado de Energía consolidaría al sector energético vasco y Euskadi daría equilibrio al Gobierno, con un lehendakari con una imagen de racionalidad, de gestión, de hacer bien las cosas. Hay que aprovechar las oportunidades, porque en política hay que estar donde se juega algo importante para Euskadi.
Bizkaia lidera el Índice de Competitividad Fiscal (IACF). ¿Está en peligro esta posición?
Patrimonio es el que está generando un problema muy serio. Su efecto de recaudación es pequeño y lastra, fundamentalmente, a personas activas. Mi propuesta es que aquellos que tienen una posibilidad de generar o mantener empleo, estén exentos del impuesto de patrimonio. Si se puede cobrar patrimonio al que no genera actividad o mantiene empleos. pero el que genera actividad ya paga por otras vías. Y bajar Sociedades no es una solución, hay que ser incentivador con el gestor, porque si se le trata bien desarrollará más proyectos en el territorio que le cuida.
¿Ayudan los fondos creados por el Gobierno vasco para invertir y participar en empresas al desarrollo de inversiones?
Euskadi tiene un planteamiento fiscal atractivo y un capital humano preparado para tener éxito en el desarrollo de proyectos de inversión. Los fondos de arraigo y las ayudas son fundamentales, porque por cada 100 que otorgas de subvenciones estás ayudando a generar una recaudación de 1.000 y el territorio recupera la inversión realizada con creces.
¿Qué opina sobre la situación que atraviesa Cataluña?
En Cataluña lo grave es la falta de seguridad jurídica. Han roto el modelo institucional, el de la seguridad jurídica, y tendrán que cambiar personas que den confianza otra vez al modelo. En Euskadi nos pasó y tuvimos que cambiar. Y allí, con la gravedad que tienen, también debería cambiar la parte del Gobierno de Madrid y las prácticas de gestión de la negociación tienen que ser otras. Cataluña necesita una nueva generación de políticos que empiece a plantear el tema institucional en serio. Con inseguridad jurídica no hay economía, ni política, ni sociedad, ni nada y Cataluña ha dado el salto con Torra. El tema clave es la seguridad jurídica institucional y cambiar personas.
