Las cuatro prórrogas de los Presupuestos del Estado que el presidente Sánchez acumula, desde que accedió al poder en 2018, están muy lejos de significar una congelación de partidas como la destinada a las subvenciones dirigidas a los sindicatos.
En dicho año, las centrales recibían, de los impuestos pagados por todos los españoles, 8,9 millones de euros anuales, una cifra que en 2025 es cuatro veces superior. Más importante todavía es el hecho de que su mayor incremento se ha producido entre el año pasado y el ejercicio presente, aprovechando la nueva prórroga de las últimas Cuentas aprobadas, propias de 2023.
Aflora así un ejemplo más de cómo el Gobierno ha hecho un hábito de las modificaciones extraordinarias de esas Cuentas, decididas unilateralmente sin someterse a control parlamentario. El Ministerio de Trabajo se aprovecha de la actual situación de interinidad sine die para blindar el apoyo de unas organizaciones que cada vez necesita en mayor medida. No en vano, tras quemar todos los puentes con las patronales, y ante su debilidad en el Congreso –como se verá de nuevo esta semana en el Cámara, con el fracaso de la jornada de 37,5 horas–, solo los sindicatos brindan su respaldo a la vicepresidenta Yolanda Díaz para el recorte del tiempo de trabajo, o la nueva subida que se prepara en el Salario Mínimo.
Con este generoso reparto de recursos, que ya alcanza los 32 millones en subvenciones cada año –a las que se pueden sumar, a lo largo del ejercicio, otras relacionadas con actividades más específicas–, el Gobierno perpetúa un modelo de sindicalismo estrechamente vinculado al Gobierno, cuando lo necesario es que estas organizaciones se sostengan con el pago de cuotas de sus afiliados.