Tradicionalmente, se había entendido la negociación de los Presupuestos Generales del Estado como la prueba de fuego de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno. No obstante, en la última década la prórroga de las Cuentas públicas ha pasado a ser una decisión habitual a la que los responsables de Hacienda quitan peso, incluso si se extienden dos veces, como ya hizo el primer Consejo de Ministros encabezado por Pedro Sánchez y ahora lo ha vuelto a hacer de cara al ejercicio 2025.
La coalición de PSOE y Sumar prorrogó hace dos semanas los Presupuestos en vigor para el año que viene tras ser incapaz de sacar adelante unos nuevos PGE. El Gobierno resta importancia a este movimiento y se escuda en que hacer traspasos entre partidas no supone un gran problema. No obstante, estas Cuentas fueron aprobadas por el Congreso de los Diputados a finales de 2022, por lo que estaban pensadas para un contexto económico totalmente diferente al actual. La invasión rusa de Ucrania marcaba entonces un incremento generalizado de los precios, mientras que el empleo empezaba a recuperar el nivel previo a la pandemia. Un escenario completamente diferente al actual, en el que el IPC se ha moderado y el número total de trabajadores está en niveles récord.
Esta es la segunda vez en la que el Ejecutivo decide reciclar los Presupuestos del año 2023, ya que en los socialistas renunciaron a aprobar unas cuentas para 2024, contra el criterio de sus socios de la coalición. Sánchez tomó la decisión en marzo tras la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, cuando encargó al equipo de María Jesús Montero que comenzara a trabajar en los PGE de 2025. El jefe del Ejecutivo pensó que la negociación con los grupos que respaldaron la investidura iba a ser casi imposible cuando Junts y ERC se preparaban para enfrentarse en las urnas, por lo que estas se extendieron un año.
Finalmente, el Gobierno alcanzó del fin de año sin tener aprobadas unas nuevas cuentas ni tampoco el paso previo: los objetivos de estabilidad y deuda pública. El Consejo de Ministros aprobó los objetivos del periodo 2025-2027 y el límite de gasto no financiero para las Administraciones Públicas del primero de estos años en julio, que fueron rechazados por el Congreso con el voto en contra de Junts. El Ejecutivo volvió a aprobar la misma senda en septiembre, pero nunca llegó a someterla a votación al no tener garantizados los apoyos parlamentarios para que saliese adelante, lo que ha impedido que pueda desarrollar unos presupuestos para 2025.
Esta es por tanto la segunda vez desde las últimas elecciones generales en la que el Gobierno se da por vencido ante la dificultad de sacar las cuentas con un Parlamento tan fragmentado. Lo que significa que el país seguirá funcionando con los números respaldados por un hemiciclo totalmente diferente. Si bien, no es la primera vez que sucede, puesto que fue el mismo presidente del Gobierno el que sentó este precedente en el periodo anterior a la pandemia y al inicio de esta.
El Gobierno de Mariano Rajoy había aprobado los PGE de 2018 en el mes de mayo de ese mismo año. En junio, prosperó la moción de censura contra su gabinete que situó al líder socialista a la cabeza de la Moncloa y este se vio obligado a mantener las cuentas elaboradas por los populares para el siguiente ejercicio, después de que el Congreso (donde el PP tenía más escaños) le tumbara el proyecto. Este varapalo parlamentario llevó a Sánchez a convocar elecciones generales el 28 de abril, tras la que no consiguió cerrar un acuerdo con Podemos y volvió a citar a los ciudadanos a las urnas en noviembre. En consecuencia, las cuentas se volvieron a prorrogar, puesto que el nuevo Gobierno no se formó hasta pasada la noche de Reyes del 2020.
En la historia democrática reciente no había precedentes de un movimiento de estas características, aunque sí se habían prorrogado los PGE en 1996, 2012, 2017 y 2018, pese a ser algo extraño en la era del bipartidismo previa al 15M.
Negociación de los de 2026
María Jesús Montero arrancará las conversaciones formales para negociar los Presupuestos del próximo año en el mes de enero, con la meta de votar el techo de gasto y la senda del déficit cuanto antes. Ya se han producido algunos contactos, pero en diciembre, todos los esfuerzos estaban centrados en aprobar la reforma fiscal de la que quedo apartado el gravamen temporal a las energéticas sobre el que Hacienda tendrá que recabar apoyos para convalidarlo.