Arranca el mes y las pensiones tampoco "aprobarán" este año en septiembre. El desequilibrio del sistema se agrava. Se espera que durante 2025, la Seguridad Social abone 216.000 millones de euros, un 4% más que en 2024 y un 54% más que en 2017. Y, en el otro lado de la ecuación, las transferencias presupuestarias para poder afrontar todas las obligaciones de pago aumentarán en 2025 un 6,25%, alcanzando 51.000 millones.
Y, para más inri, en 2026, una reforma en el cálculo de la pensión de jubilación, que debilita el principio de contributividad, podría empeorar aún más la sostenibilidad a largo plazo del sistema de Seguridad Social.
El objetivo de reforzar el principio de contributividad es calcular la pensión según todas las aportaciones de cada cotizante. Sin embargo, la reforma del gobierno de Sánchez va en sentido contrario, rompiendo la tendencia europea y española iniciada en 2011 por el gobierno de Rodríguez Zapatero, que gradual y progresivamente aumentó el periodo de cálculo de 15 a 25 años hasta el año 2022 para garantizar la sostenibilidad.
La mayoría de los países europeos calculan la pensión considerando toda la vida laboral. Alemania, Italia y Suecia usan el período completo, Portugal toma los últimos 40 años y Reino Unido y Países Bajos consideran casi todos los años cotizados. Sin embargo, a partir de 2026, la Seguridad Social elegirá automáticamente la opción más beneficiosa para el jubilado/a entre sus últimos 25 años cotizados —sistema actual— o sus mejores 27 años dentro de los últimos 29 años, descartando los dos peores. A partir de 2044, el cálculo se hará exclusivamente sobre los últimos 29 años, eliminando los dos peores.
Este nuevo método aumentará el gasto que habrá que financiar vía impuestos. El propio Ministerio de Seguridad Social barajó ampliar progresivamente el periodo de cálculo de las pensiones hasta considerar toda la vida laboral, si bien se estimó que podría reducir las pensiones entre un 6% y un 9%.
En el último informe de la Comisión Europea sobre el impacto del envejecimiento poblacional, España es el país con el sistema de pensiones más generoso de la UE y en 2070 seguirá siéndolo, el déficit de nuestra Seguridad Social será del 2,5% del PIB en 2045, alcanzando el 3,1% en 2053. El gasto en pensiones será de los más altos de la UE, llegando en 2045 al 16,9% del PIB, cinco puntos porcentuales por encima de la media de la UE, manteniéndose estos porcentajes hasta el 2070.
En este contexto, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) advierte de que el envejecimiento poblacional incrementará el gasto en pensiones, que pasará del 12,9% del PIB en 2022 al 16,1% en 2050. También prevé que las transferencias del Estado para cubrir desequilibrios se triplicarán. Además, la AIReF cuestiona la regla acordada con la UE por no medir bien la sostenibilidad ya que no toma en cuenta si el Estado tendrá que aumentar las transferencias mencionadas, concluyendo que es necesario tomar nuevas medidas para asegurar la sostenibilidad de las Administraciones Públicas.
Nuestro sistema de pensiones enfrenta un reto demográfico y económico que exigen reformas estructurales para garantizar su sostenibilidad y aliviar la carga sobre las futuras generaciones. Para fortalecer el modelo de reparto actual, el debate debe centrarse en mejorar la productividad y la empleabilidad, revisar el modelo de devengo de las pensiones y reformar su sistema de financiación, además de aplicar políticas de natalidad y migración que rejuvenezcan la población. No obstante, aumentar la presión fiscal sobre el empleo y la productividad no es una opción viable, ya que España soporta uno de los mayores esfuerzos fiscales de la UE, lo que podría derivar en más precariedad laboral y menor competitividad empresarial.
El modelo actual de devengo de pensiones mezcla objetivos contributivos y redistributivos, lo que genera incoherencias y dificulta el cumplimiento de sus fines. Se necesita reforzar el principio de contributividad, basado en un sistema mutual, tomando en consideración la totalidad de la vida laboral en el cálculo de la pensión, asegurando un equilibrio actuarial entre cotizaciones y pensión como salario diferido y, al mismo tiempo, establecer un sistema no contributivo separado, financiado con impuestos, redistributivo para atender a los colectivos más vulnerables mediante programas de solidaridad y lucha contra la pobreza. Se necesita fortalecer un sistema de pensiones basado en tres pilares: el público de reparto, el empresarial de capitalización actuarial basada en la negociación colectiva y el individual de ahorro libre. Sin embargo, en el actual clima de confrontación política en España, estos pilares están desdibujados y enfrentados, predominando únicamente el primero mientras se contraponen el segundo y el tercero.
Y, mientras, en la economía real, en la de la vida de los españoles, los efectos de las reformas pasan factura. Los trabajadores nacidos ya en 1959 han visto como su edad legal para acceder a la jubilación ha pasado a ser de 66 años y ocho meses, teniendo que haber cotizado más de 36 años para aspirar al 100% de la cotización. Una situación que empeorará en los que aspiren a jubilarse en los próximos meses porque en 2027 se culminará la reforma de Zapatero de 2011 fijando la edad de jubilación en los 67 años.
En conclusión, aún no existe un pacto de Estado estable y amplio sobre las pensiones, tema que representa el 42% de los Presupuestos Generales del Estado y que supone ya un problema en el desarrollo de la vida de los trabajadores. Es imprescindible retomar un verdadero acuerdo, retomar el espíritu original de 1995 del Pacto de Toledo, blindar las pensiones de cambios políticos y afrontar la demografía como un problema vital para España que nos permita aprobar, aunque sea en una convocatoria extraordinaria.