Bilbao
El Gobierno vasco ha rechazado la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) respaldada con el apoyo de más de 145.000 firmas y presentada por los pensionistas vascos reclamando la equiparación de las pensiones más bajas con el SMI.
El colectivo solicitaba establecer un complemento que permitiera garantizar que las prestaciones más bajas fuesen iguales, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha descartado su petición alegando que la propuesta "no se ajusta ni a la normativa vigente ni a los principios de sostenibilidad, equidad y coherencia del modelo vasco de protección social".
El departamento de Economía, Trabajo y Empleo explica que, desde 2008, Euskadi dispone de "un modelo propio de garantía de ingresos que asegura rentas mínimas dignas", refiriéndose a la RGI (Renta de Garantía de Ingresos), que en su actualización de 2022 calificó a los pensionistas como colectivo prioritario y estableció una cobertura mínima teniendo en cuenta los umbrales de pobreza europeos.
Asimismo, dicho sistema contempla "medidas específicas para los pensionistas", por lo que consideran que "la protección para los perceptores de pensiones ya está integrada en el sistema". Entre esas medidas específicas destacan la habilitación de complementos del 40% sobre la cuantía base o el reconocimiento de unidades de convivencia excepcionales.
Desde el Gobierno vasco aseguran que, con el modelo actual, los pensionistas pueden recibir una renta de 1.080,82 euros mensuales que puede elevarse hasta los 1.535,91 euros en función del tamaño de la unidad de convivencia.
Evitar "duplicidades"
Con la desestimación de la propuesta recogida en la ILP, el Ejecutivo autonómico trata de evitar "duplicidades y desigualdades" que podrían surgir al plantearse un complemento a las pensiones de manera individual, sin tener en cuenta los ingresos totales del grupo de convivencia ni las necesidades económicas propias, señalan.
En su opinión, de prosperar, provocaría "un trato preferente hacia un colectivo, en detrimento de otros grupos vulnerables, como personas con discapacidad o personas trabajadoras con bajos ingresos". No obstante, la ILP aún tiene recorrido por delante ya que, siguiendo el procedimiento fijado, el Gobierno vasco lo ha enviado al Parlamento, si bien todo indica que no prosperará al encontrarse con el voto en contra del equipo de Gobierno formado por PNV y PSE.
¿Problema de competencias?
Por otro lado, advierten de que la propuesta no cumple con los requisitos reglamentarios, ya que implica un aumento de los créditos presupuestarios suponiendo "un gasto estructural insostenible para las finanzas públicas".
Por último, consideran que su debate excede las competencias autonómicas del sistema vasco de pensiones, limitado a la protección social desde la asistencia, y por ello creen que corresponde al ámbito estatal la decisión de abordar mejoras generales en la cuantía de las pensiones.
Desde el sindicato ELA critican duramente la negativa del Gobierno vasco y señalan que "los servicios jurídicos del Parlamento Vasco certificaron que complementar las pensiones más bajas hasta llegar al SMI a través un Sistema Vasco de Medidas para Complementar Pensiones es competencia plena de la CAPV", lo que permitió al Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria llevar a cabo esta recogida de firmas.
Además, el sindicato critica que, el complemento de la RGI no tiene en cuenta las circunstancias individuales de una persona a la hora de valorar los ingresos, como así viene determinado por las pensiones, sino que tiene en cuenta la unidad convivencial, por lo que muchos pensionistas se quedan fuera de este complemento, como por ejemplo si hay más de una persona pensionista en una misma unidad convivencial.