El Gobierno aprueba la condonación de deuda contraída con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), articulada mediante un complejo mecanismo en tres fases. Su farragosidad no basta para camuflar su verdadero objetivo: beneficiar a los territorios de régimen fiscal común que más endeudados y a aquéllos que más suben los impuestos. Es fácil desmontar los argumentos de la vicepresidenta Montero, con los que pretende convencer de que su propósito es compensar a los territorios infrafinanciados.
No debe despistar el hecho de que la Comunidad Valenciana sea, en teoría, el tercer territorio más beneficiado. Su quita sería un 65% mayor –o un 18% superior en el caso andaluz– si la infrafinanciación fuera lo decisivo. Del mismo modo, la condonación catalana debería ser mucho menor, si no fuera porque el objetivo real de Hacienda es aligerar el gran volumen de deuda que contrajo en la última década.
Ese pasivo será ahora asumido por el Estado, como Montero reconoció, lo que supone una carga extra de 84.000 millones y un coste en riesgo moral superior. No en vano el Gobierno transmite el mensaje de que una Administración puede endeudarse sin tasa, confiando en que los intereses políticos allanen el camino a un rescate estatal.
Más clara fue Montero respecto al incentivo reservado a las autonomías que subieron el IRPF, con un prima en la condonación del 10%, justificada en que asumieron "riesgos" al promover una política fiscal que, a su juicio, no es proclive las rentas altas. La quita se supedita así, no solo a fines políticos sino abiertamente propagandísticos, al premiar el alza del gasto público, sin importar su impacto en el déficit y la deuda, al tiempo que defiende la falacia de que las subidas fiscales solo dañan a los ricos.