El Consejo de Ministros dará luz verde este martes al Proyecto de Ley con el que busca cumplir el pacto alcanzado con ERC para investir a Pedro Sánchez. La iniciativa trata de aliviar la carga financiera que soportan las comunidades autónomas con una quita de más de 83.000 millones de euros que no estará condicionada a que los territorios cumplan las reglas fiscales, como propuso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El Ministerio de Hacienda llevó el contenido de esta iniciativa a la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tuvo lugar en el mes de febrero, en la que María Jesús Montero detalló la metodología diseñada para calcular la cifra que podría perdonarse a las comunidades que lo solicitaran. En ella, los gobiernos autonómicos encabezados por el Partido Popular manifestaron su rechazo levantándose de la mesa, pero el borrador salió adelante por el voto del Gobierno central y los territorios que encabeza el PSOE.
La presidenta de la AIReF formó parte de este encuentro, tras lo que el organismo independiente emitió un comunicado en el que cuestionó que se tratara de sacar adelante esta condonación de deuda sin reformar el sistema de financiación autonómica (en el que tienen origen las diferencias entre territorios) y sin condicionar la quita a que estas cumplan las reglas fiscales.
"No tiene sentido hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales" observó el órgano que preside Cristina Herrero tras recordar que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a través del que las comunidades autónomas han generado esta deuda desde el año 2012 no desaparece, por lo que podrán recurrir a él para financiar los déficits del año y los excesos de déficit generados en años anteriores.
Actualmente, todas las administraciones están obligadas a cumplir con la regla de gasto –de plena aplicación tras la excepción aplicada por la crisis del coronavirus–. Esta trata de velar porque las cuentas sean sostenibles, de forma que solo aumenten su gasto en la medida que puedan financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. Sin embargo, el propio Gobierno esperaba que su deuda aumentase por encima del crecimiento potencial de la economía a medio plazo y en consecuencia, que no cumplieran esta pauta.
Si la iniciativa supera la tramitación en el Congreso de los Diputados y el Senado, será el Estado el que asuma los pasivos generados por los préstamos concedidos a las comunidades autónomas a través del FLA, el mecanismo extraordinario de financiación puesto en marcha en el marco de la crisis financiera para cubrir a las regiones que no eran capaces de conseguir fondos en los mercados.
Es por ello que el órgano de control fiscal también advirtió sobre los problemas que representaba la condonación para la contabilidad nacional. La AIReF advirtió de que la condonación quedaría reflejada como un aumento de los ingresos de las comunidades autónomas y un incremento equivalente de los gastos del Estado. En la práctica, esto conllevaría que el Estado podría ver restringida su capacidad de gasto en 83.000 millones de euros, mientras que las autonomías ganarían este margen. Lo que, según el criterio del organismo, hace necesario limitar el incremento de ingresos autonómicos, por ejemplo, a través de la mencionada condicionalidad fiscal al acceso a la condonación.
No obstante, algunas de estas observaciones todavía podrían tener cabida en la ley que se apruebe definitivamente, puesto que la aprobación en el seno del Gobierno es solo el primer paso de una tramitación en la que tendrá que superar las votaciones del Congreso de los Diputados y del Senado. De hecho, ayer, el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, hacía referencia a la negociación parlamentaria al proponer nuevos condicionantes a la quita de la deuda que los populares creen que debe ir acompañada por una reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde el año 2014.
Andalucía y Cataluña, las más beneficiadas
La metodología detallada por el departamento de Hacienda se divide en tres fases y sitúa a Andalucía y Cataluña como principales beneficiadas. El reparto de la condonación tiene en cuenta la población ajustada de cada territorio, eleva la condonación de las autonomías que hayan quedado por debajo de la media (de forma que todas puedan acceder a la quita del 19% de su deuda) y se aplican otros ajustes para homogeneizar la condonación de las autonomías que hubieran recibido una financiación inferior a la media en el periodo 2010-2022.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan así que Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid serán las autonomías que lograrán las mayores rebajas de la deuda pública, acumulando 55.747 millones, el 67% de la deuda que el Gobierno tiene previsto condonar a las comunidades de régimen común. Es por ello que argumentan que para los gobiernos autonómicos será difícil rechazar esta oportunidad a pesar de que constituya una solución parcial al problema de financiación autonómica.
Según sus estimaciones, los gobiernos populares recibirían el 71,7% de la quita de deuda, unos 59.714 millones. Desde otra óptica, la deuda cancelada representará 24,6% de la deuda pública autonómica a marzo 2025, llegando al 51% de su deuda en el caso de Canarias y al 46,4% en Andalucía, seguidas por encima de la media estatal por el Principado de Asturias (37,3%), Galicia (33,0%), Extremadura (30,7%), Castilla-La Mancha (30,4%), Castilla y León (26,1%), La Rioja (25,3%), Cantabria (25,0%) y la Región de Murcia (24,9% de su deuda a condonar).