Madrid
En cuatro meses, la cotización social creada ex profeso para nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, volverá a incrementar el tipo que aplica sobre asalariados, autónomos y empresas. Desde 2023 hasta 2029, se eleva una décima anual y el año próximo situará el gravamen del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en el 0,9%. Un porcentaje a primera vista tan reducido tiene, sin embargo, un efecto notable si se calibra el desembolso en euros al que ya aboca. Aunque el efecto será variable según el nivel de sueldos que se considere, puede ya hablarse de un desembolso promedio que rozará los 250 euros por cada trabajador al año. Mermará de este modo las nóminas, al tiempo que subirá los costes laborales, todo ello pese a que no supondrá mejora alguna en las prestaciones a las que tendrán derecho los futuros jubilados. Es más, resulta razonable poner en duda los supuestos efectos beneficiosos del Mecanismo de Equidad sobre la capacidad real del Fondo de Reserva.
Los expertos coinciden en que la hucha de las pensiones contará, pese a todo, con recursos insuficientes para afrontar el reto de tanta envergadura como supone el retiro de la generación del baby boom. Ese desafío requiere medidas de contención del gasto que la reforma de pensiones ignoró, dando prioridad a una mayor presión para elevar los ingresos de la Seguridad Social, mediante el propio MEI, la nueva cuota de solidaridad o el constante incremento de las bases máximas de cotización. Es una receta equivocada por su incapacidad de responder a los retos del sistema público de protección, al tiempo que plantea otros aún mayores al mercado de trabajo y al crecimiento económico en su conjunto.