Madrid
España ha batido este verano marca en sus registros de población, al acercarse a los 50 millones de habitantes. En medio del invierno demográfico que vive nuestro país, la inmigración es prácticamente el único motor de este incremento, ya que el colectivo de residentes de origen extranjero crece en casi 650.000 en el último año. Sin embargo, pese a la llegada de tantas personas en condiciones de trabajar a nuestro mercado laboral, el sector de la distribución –junto a la construcción y otros análogos– se estrella contra la imposibilidad de cubrir casi 20.000 vacantes. No debe extrañar, por tanto, que su patronal reclame la implantación de un plan de inmigración, como el que ya está vigente en otros países europeos. Una hoja de ruta de esta clase va mucho más allá de lo que ofrece la reforma del Reglamento de Extranjería que entró en vigor en mayo.
Esta última norma no aborda los problemas que genera la falta de encaje entre las necesidades de las empresas y la cualificación de los trabajadores que recibe del exterior, más allá de fijar unos requisitos mínimos de contratación. Como denuncia el sector de la gran distribución, España sigue así carente de planes de formación reglada, ya sea en origen, o una vez que los recién llegados pisan suelo español. Es más, en los casos en los que sí existen esos itinerarios docentes su disparidad de contenidos y organización entre autonomías es completa. Nadie duda de la necesidad que España presenta de recibir más mano de obra extranjera, pero también tiene que preocuparse de la cualificación mínima que debe exigirle. Si no lo hace, la inmigración creará un problema de dilapidación de ayudas públicas, de desempleo y de integración social ya en el corto plazo.