La Administración Pública española atraviesa una crisis estructural que afecta al funcionamiento ordinario del Estado y a la vida diaria de ciudadanos, empresas y profesionales. Esta situación no es nueva, pero se ha agravado en los últimos años por la digitalización precipitada, la falta de personal, la complejidad normativa y la proliferación de plataformas tecnológicas inconexas y poco usables. El resultado es un ecosistema administrativo lento, opaco y despersonalizado, que contribuye al desapego institucional y a la desconfianza generalizada.
El impacto económico de esta disfunción es profundo. Los autónomos y las pymes, que constituyen el grueso del tejido empresarial, se ven obligados a destinar recursos valiosos a la gestión de trámites, permisos, licencias, comunicaciones y subsanaciones que no aportan valor a su actividad.
Esta burocracia resta competitividad, frena la iniciativa privada y contribuye al estancamiento de muchos proyectos. Según el Instituto Juan de Mariana, el exceso de regulación y tramitación reduce el PIB en torno a un 6 %, lo que equivale a unos 90.000 millones de euros anuales. Además, esta carga administrativa afecta negativamente a la creación de empleo, la inversión extranjera y la productividad global del país.
En el ámbito ciudadano, el sistema administrativo dificulta el acceso efectivo a derechos y servicios. La cita previa, la desaparición de la atención presencial y la complejidad de los procedimientos digitales impiden que muchas personas, especialmente mayores, rurales o con baja alfabetización digital, puedan ejercer sus derechos. Se está generando un nuevo tipo de exclusión: la administrativa, en la que el ciudadano es incapaz de relacionarse con su Administración sin intermediarios.
Esta realidad nos ha situado a los gestores administrativos en el centro del sistema. Estamos actuando, de facto, como una extensión de la Administración, asumiendo tareas de verificación documental, presentación de expedientes, comunicación con organismos y asistencia a los usuarios. Nuestra labor sostiene, en buena medida, el funcionamiento cotidiano de trámites esenciales para la vida económica y social.
Para revertir esta situación, no basta con introducir mejoras tecnológicas puntuales o lanzar nuevas plataformas.
Es necesario rediseñar el modelo de relación entre Administración y ciudadano. Eso implica reconocer la figura del colaborador social colegiado, como ya sucede en algunos ámbitos, y dotarla de un marco normativo claro que establezca sus funciones, responsabilidades, garantías y derechos.
Una de las medidas clave es la promulgación de una Ley de Colaboración Social Administrativa a nivel estatal. Esta norma permitiría institucionalizar la figura del gestor administrativo como intermediario habilitado, con acceso preferente a las plataformas digitales, capacidad de certificación documental y funciones de apoyo a la tramitación.
El modelo se está implantando en algunas Comunidades Autónomas que están avanzando en la promulgación de una norma de simplificación administrativa que contempla la labor de los colaboradores sociales.
Junto a esta ley, deben potenciarse herramientas ya existentes como el justificante profesional o el certificado colegial de verificación. Ambos permiten dar validez documental a gestiones en curso, reducir errores en la documentación presentada y evitar cuellos de botella en la Administración.
Estas herramientas, emitidas por colegios profesionales, permiten ofrecer seguridad jurídica, trazabilidad y fiabilidad a los expedientes. Otra medida necesaria es el desarrollo de plataformas telemáticas especializadas para profesionales habilitados, con ventanillas únicas que les permitan actuar de forma diferenciada respecto al ciudadano particular.
Estas plataformas deben ser ágiles, interoperables y accesibles, con sistemas de autenticación seguros y una estructura de tramitación centrada en la eficiencia. Su implantación permitiría descongestionar los canales generales y mejorar la calidad del servicio prestado.
Asimismo, debe crearse un cuadro de mando nacional de tramitación administrativa, con indicadores comunes sobre tiempos de resolución, volumen de expedientes, accesibilidad y satisfacción ciudadana. Estos datos deben ser públicos, auditables y servir como base para la mejora continua del sistema. La Administración no puede mejorar lo que no mide, ni puede innovar sin saber dónde están los cuellos de botella.
La simplificación administrativa también exige homogeneizar la normativa, evitar duplicidades entre niveles de gobierno y revisar los procedimientos desde el punto de vista del usuario. Cada paso, cada documento, cada validación debe tener una justificación clara y una utilidad real. El principio de proporcionalidad debe aplicarse también a la gestión administrativa.
En definitiva, transformar la Administración no es un lujo ni una demanda tecnológica, sino una necesidad urgente para mejorar la vida de las personas, reactivar la economía y reforzar la legitimidad institucional.
Los gestores administrativos, con su experiencia, formación y compromiso, estamos preparados para asumir un papel central en este proceso. Solo falta que se nos integre en el diseño del nuevo modelo de Administración pública que nuestro tiempo exige.