Madrid
La Unión Europea se enfrenta a un momento decisivo: demostrar que puede liderar la revolución de las tecnologías limpias, o cleantech. Para lograrlo, no bastan buenas intenciones ni grandes anuncios. Es imprescindible reformar el sistema de ayudas estatales, pasando de mecanismos lentos y burocráticos a un modelo ágil, automático y ligado a resultados reales. Solo así lograremos que cada euro público atraiga inversión privada, incentive nuevos actores y reduzca los costes de fabricación: condiciones clave para competir a escala global.
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha lanzado el Pacto Industrial Limpio, cuya aplicación recae en su vicepresidenta primera, Teresa Ribera. El objetivo: adaptar las reglas de competencia a los desafíos industriales actuales, con el foco puesto en la cleantech. La presión es clara: frente a las cuantiosas ayudas y menores costes ofrecidos por potencias como Estados Unidos con su Ley de Reducción de la Inflación (IRA), Europa debe encontrar una fórmula eficaz, propia y sostenible.
Hoy, instrumentos europeos como los IPCEI, el TCTF o el nuevo marco CISAF no están a la altura. En su mayoría, siguen un modelo de ayudas puntuales a proyectos individuales, con criterios subjetivos, trámites lentos y escasa previsibilidad. Esto convierte las subvenciones públicas en mecanismos "no bancables" y poco útiles para movilizar capital privado. Es el caso de sectores como las baterías, donde las ayudas no inciden en el coste marginal de producción, un factor esencial para alcanzar competitividad global. Además, el sistema actual favorece a grandes empresas con músculo administrativo y legal, mientras deja fuera a startups y scale-ups, vitales para la innovación. Seis Estados miembros nunca han participado en proyectos IPCEI, reflejo de una desigualdad estructural que urge corregir.
Si Europa quiere competir en cleantech, necesita más que fondos: requiere un modelo inteligente que premie resultados y reduzca incertidumbres. La ayuda por resultados garantiza que los contribuyentes solo paguen por logros reales, permite escalar el apoyo conforme crece la producción e incorporar reducciones progresivas en el tiempo. Añadir requisitos como "Made in EU" asegura que los beneficios económicos se queden en el continente. El mejor ejemplo de este enfoque es la Ley IRA de EEUU: ayudas simples por unidad producida que ya han movilizado más de 110.000 millones de dólares en inversión privada. Su previsibilidad ha sido clave para atraer proyectos industriales. En cambio, Europa sigue aplicando ayudas ligadas a renovables o infraestructura, pero no a la producción de cleantech, donde más falta hacen.
Por ello, el nuevo marco CISAF debe incorporar desde el principio una arquitectura de ayudas basada en resultados. Algunas claves: Subvención por unidad producida (por ejemplo, 25€/kWh en baterías), con límites y reducciones progresivas. Bonificaciones por contenido local y para regiones de cohesión, fomentando un desarrollo equilibrado. Condiciones que impidan financiar producciones fuera de la UE sin retorno económico. Criterios claros y exigencias ambientales y sociales para asegurar impacto positivo. El temor a distorsionar el mercado interior es comprensible, pero infundado. Las decisiones de inversión dependen de muchos factores - energía, permisos, talento, infraestructura - y un incentivo limitado no resolverá todo, pero puede inclinar la balanza a favor de Europa.
La ayuda a la producción puede además fortalecer cadenas de suministro y generar empleo de calidad en regiones menos desarrolladas, siempre que el acceso sea abierto y justo. Esto permitirá que nuevos actores compitan en igualdad de condiciones, impulsando innovación y crecimiento. A escala europea, una vía eficaz sería complementar ayudas estatales con financiación común, como propone el informe Letta. Redirigir parte de las ayudas nacionales hacia proyectos cofinanciados por la UE tendría un efecto multiplicador, armonizando la política industrial y evitando la fragmentación actual. El futuro Fondo de Competitividad europeo puede desempeñar un papel decisivo, pero solo si se acompaña de una reforma real del marco de ayudas.
Europa tiene el talento, la innovación y la voluntad política para liderar la transición tecnológica. Pero necesita herramientas eficaces. España, con gran potencial cleantech, debe impulsar este cambio desde dentro, exigiendo un sistema que premie resultados reales. Si la Comisión Europea quiere que el CISAF no quede en papel mojado, debe superar el modelo tradicional. Es hora de actuar con visión y urgencia: modernizar las ayudas estatales es esencial para que la industria limpia europea compita, crezca y prospere.