Vivimos tiempos complejos. El Estado de Derecho se tambalea no por su estructura formal, sino por la creciente erosión de su legitimidad. El poder legislativo legisla menos y, a menudo, peor; el ejecutivo está sometido a una sospecha constante, alimentada por escándalos, opacidad y decisiones difíciles de explicar; y el poder judicial –ese pilar que debería mantener su majestad por encima del ruido– ve cuestionada su imparcialidad y sometida su independencia a una presión inadmisible.
En este escenario, el cuarto poder –el periodismo– se revela más necesario que nunca. No se trata de una frase hecha ni de un lugar común. La prensa libre, crítica, bien informada y rigurosa se ha convertido en el último contrapeso real frente al deterioro institucional.
En ausencia de mecanismos sólidos de control, cuando las mayorías absolutas o los bloques parlamentarios imponen su lógica al margen del diálogo o el consenso, solo el periodismo mantiene viva la vigilancia que una democracia saludable requiere.
Denuncia lo que otros callan, saca a la luz lo que otros ocultan, y da voz a quienes el poder prefiere ignorar.
Pero esta labor, que debería contar con el aplauso general, se ejerce con cada vez mayores dificultades. Hay presiones, vetos, campañas de descrédito, cortes de acceso a la información, e incluso una precarización profesional que dificulta el trabajo periodístico independiente.
Sin embargo, hay periodistas que siguen apostando por contar la verdad. Y hay asociaciones, como Acijur –la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, una asociación de periodistas jurídicos, en definitiva–, que saben valorar y reconocer esa tarea titánica en medio de la tormenta.
Lo que distingue a Acijur es precisamente su capacidad para observar con mirada profesional y desinteresada el papel que desempeñan personas, instituciones y entidades en defensa de los derechos y libertades. No premia a quien está de moda ni a quien ocupa titulares por su cercanía al poder. Premia a quien defiende el interés público, aunque eso suponga enfrentarse a ese mismo poder. Reconoce el mérito de instituciones que, como los consejos generales de los gestores administrativos o de los graduados sociales, se mantuvieron en pie durante la pandemia, prestando servicio a ciudadanos, autónomos y empresas cuando el resto de la administración cerró sus puertas. Y al hacerlo, Acijur no solo distingue una buena práctica: reivindica un modelo de servicio público.
Este tipo de reconocimientos no son meros actos protocolarios. Tienen un enorme valor simbólico y, sobre todo, ético. Porque quien premia, también se expone. Quien se atreve a señalar lo que funciona en medio de tanto descrédito, está trazando una línea de compromiso.
Acijur representa un periodismo especializado, exigente, no siempre cómodo, que sigue creyendo en los principios que lo sostienen: la veracidad, la independencia, el interés general.
Por eso es tan importante apoyar al periodismo jurídico, darle visibilidad, prestigiar su trabajo y defenderlo ante los intentos de silenciarlo o banalizarlo.
En un momento en que el ruido digital confunde opinión con información, y donde proliferan los relatos interesados disfrazados de objetividad, contar con profesionales capaces de analizar, contrastar y explicar es esencial para sostener una ciudadanía crítica y bien informada.
Los premios de Acijur, más allá de sus nombres propios, nos recuerdan que hay otra forma de contar la realidad. Una forma que no se rinde al espectáculo ni al clic fácil, sino que apuesta por el rigor, la profundidad y el respeto al lector. En tiempos de superficialidad, eso es casi un acto de resistencia.
El periodismo libre no solo informa: construye democracia. Cuando los tres poderes del Estado están en entredicho –y todos lo están hoy, por razones distintas pero graves–, solo el periodismo tiene la capacidad de ejercer de contrapeso. Pero para que eso sea posible, necesita también nuestro respaldo: institucional, profesional, ciudadano.
Por eso hay que agradecer y celebrar el trabajo de quienes, como Acijur, siguen creyendo que contar la verdad, premiarla y defenderla es un acto de servicio público. En su independencia está nuestra garantía. Y en su valentía, un espejo que nos interpela.