Madrid
España vive sumida en una interinidad presupuestaria que arrancó en 2023 y que persistirá ante la incapacidad del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos. Peso eso no quiere decir que las cuentas públicas estén exentas de controles y limites. De hecho, la regla de gasto, fijada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, está vigente y limita los desembolsos a un incremento del 2,6%. Un porcentaje que tanto la Administración central como las autonomías ignoran. Así lo reflejan los últimos datos de Hacienda, que desvelan que en 2024 el gasto efectivo del Estado se incremento un 6,8%, al pasar de 161.504 millones a 172.552 millones. Un aumento desmedido en el que los costes extraordinarios derivados de sentencias judiciales tuvieron mucho que ver al ascender a 6.582 millones. En cuanto a las comunidades autónomas el incremento fue del 5,1% el pasado año, con solo cuatro territorios que cumplieron con la regla de gasto.
Estos datos evidencian el clamoroso incumplimiento que el Estado y las autonomías hacen de la normativa. Un mal comportamiento que no genera alarmas en Bruselas, ya que el crecimiento del PIB compensa el aumento del gasto en términos de déficit y deuda. Pese a ello, las administraciones central y autonómicas deberían terminar con la barra libre para el gasto público y tomar ejemplo de las entidades locales, que son las únicas que cumplen. Persistir en el incumplimiento sitúa a España en una posición muy delicada a la hora de afrontar los periodos de crisis económicas, y obliga a realizar mayores sacrificios para compensar los desequilibrios públicos que se generan. Los problemas que el país sufrió en las crisis de 2009 y 2013 deberían servir de lección, aunque a la vista de los datos parece que pocos han aprendido de aquello.