
El Gobierno elevará al Consejo de Ministros la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Con ello dispondrá de 30 días naturales para evaluar los riesgos y determinar si impone nuevas condiciones a BBVA más allá de las de la CNMC. La decisión del Ejecutivo no causa sorpresa alguna, ya que desde el principio se ha mostrado contrario a la operación. No obstante, el hecho de argumentar su posición por "el interés general" le otorga razones que van más allá de las detectadas por Competencia para poner trabas a la opa. Es cierto que el Gobierno no puede vetar la compra de la entidad vallesana por parte de la vasca. Pero todo apunta a que hará todo lo que esté en su mano para dificultar la operación y forzar a BBVA a tomar nuevas medidas para evitar que descarrile.