Madrid
Los expertos coinciden en que los aranceles son perjudiciales para todo. Y si son malos, la respuesta más lógica es que la solución no puede ser establecer aranceles recíprocos. Para las empresas europeas, los aranceles son malos porque incrementarán el precio de sus productos en EEUU y venderán menos. Y si Europa responde con más aranceles, tanto las empresas como los ciudadanos verán encarecidos los productos que compran a EEUU, provocando una subida de la inflación.
De todos es conocida la escasa o nula tributación de las grandes multinacionales tecnológicas americanas, pagando algunas de ellas un irrisorio 1% a nivel mundial, a pesar de la ingente cantidad de beneficios que obtienen. Lo más llamativo de todo es que para llegar a esa situación utilizan algunas de las estructuras de planificación que Europa permite en su territorio, como el doble irlandés, o el sándwich holandés, caracterizadas por la utilización del país europeo y de paraísos fiscales. El que existan estas estructuras en Europa no es una casualidad, sino que es consecuencia de la laxa política europea de las últimas décadas contra la utilización de los paraísos fiscales.
Esa escandalosa baja o nula tributación de las grandes multinacionales obligó al G-20 y a la OCDE a tomar cartas en el asunto, pero con la lentitud de un elefante, dado que en 2015 se aprobaron las medidas BEPS, y en 2021 se avanzó un poco más firmándose un acuerdo multilateral por más de 130 países, siendo su principal inconveniente el hecho de que no sea obligatorio. Su contenido se sintetiza en los denominados Pilar 1, tributación en el país donde se prestan los servicios a los consumidores, y Pilar 2, implantación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades. Considerando acertadas estas medidas, Europa dio un paso más en su implantación, aprobando la Directiva 2022/2523 de diciembre de 2022 sobre el nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales. La transposición de la Directiva en España se ha efectuado con la aprobación de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establece un Impuesto Complementario con dicho objetivo.
Además, hay que señalar que, ante la lentitud de los organismos internacionales para gravar los ingentes beneficios que obtienen las multinacionales tecnológicas, países como España, Francia, Austria, Italia o el Reino Unido decidieron hace años implantar la denominada "Tasa Google" que gravaban los servicios digitales prestados por estas multinacionales, aplicando un tipo impositivo del 3% al 5% a los servicios prestados en dichos países. EEUU reaccionó a dicha tasa imponiendo aranceles a los productos de la UE, que en el caso de España perjudicó a muchos sectores, sobre todo al agrícola. La negociación posterior derivó en un acuerdo entre Europa y EEUU, suprimiendo la "Tasa Google" mientras se implantaban los denominados pilares 1 y 2.
En la actitud de la Administración Trump de romper con todas las reglas internacionales, la fiscalidad no podía quedarse atrás, y ha manifestado que no piensa aplicar las medidas de la OCDE. O sea, que en el momento actual Europa se ha quedado sin aplicar la tasa Google, y con la imposición por EEUU de unos aranceles a la importación de los productos europeos. Ante los hechos anteriores, la posición de Europa no tendría que ser negociar/mendigar que los aranceles sean los más bajos posibles, sino que tiene que apostar decididamente por unas medidas de reacción propias de la situación. Hay que tener en cuenta que Trump dice que Europa ha estafado a EEUU, cuando la única "estafa" ha sido que las multinacionales tecnológicas estadounidenses, durante décadas, han ganado muchísimo dinero prestando servicios a los europeos, pero sin pagar nada de impuestos por los beneficios obtenidos.
La primera de las medidas tendría que ser la implantación en toda Europa de la "Tasa Google", gravando con un 5% todos los servicios digitales prestados por las multinacionales estadounidenses en los países miembros de la UE. La recaudación obtenida se podría destinar a ayudar a las empresas europeas que se vean más perjudicadas por la imposición de los aranceles.
La segunda medida debería ser la aplicación, con carácter obligatorio, del tipo impositivo mínimo del 15% a las grandes multinacionales, incluidas, por supuesto, las estadounidenses establecidas en Irlanda u Holanda; algunas de ellas pagan a nivel mundial unos impuestos irrisorios.
La tercera, y no sé si entra ya en el terreno de la ciencia ficción, sería que la UE tuviera voluntad decidida de luchar contra los paraísos fiscales, siendo imprescindible para ello aprobar una verdadera lista de paraísos fiscales, entre los que figuraría el estado estadounidense de Delaware; no reconocer personalidad jurídica a las sociedades con domicilio en dichos territorios; y establecer un impuesto del 15% a todas las operaciones, incluidos los movimientos financieros, efectuadas hacia/desde los paraísos fiscales.
