Madrid
La falta de medidas ha sido la tónica habitual de la legislatura hasta ahora. De hecho, las normas aprobadas se pueden contar con los dedos de una mano debido a las dificultades del Gobierno para logar los apoyos suficientes por parte del resto de grupos políticos. Un buen ejemplo de ello es el recién anunciado incremento de 10.500 millones del gasto en Defensa, que Moncloa ha diseñado moviendo partidas de un sitio a otro y sin asegurar como se financiará este desembolso estructural en los próximos años. Y todo ello sin pasar por el Congreso, lo que supone una flagrante violación de la ley. Esta maniobra evidencia la debilidad parlamentaria sobre la que se sostiene a duras penas el Ejecutivo. Algo que también refleja que por segundo año consecutivo Sánchez no ha podido aprobar la principal ley económico de todo Gobierno, los Presupuestos. Por si fuera poco existen otras reformas de calado, además de las nuevas cuentas públicas, que tienen muy difícil superar el trámite parlamentario.
Se trata en concreto de las leyes del Suelo, Industria, Agua y Medicamento, la reforma de la financiación autonómica (que incluye la quita de la deuda regional), la reducción de la jornada laboral, la reforma de la indemnización por despido, la tasa al diésel y el restablecimiento de la Comisión Nacional de Energía. Diez reformas en total con todos los visos de quedarse en el cajón, ya que la situación actual es incluso peor para el Gobierno que en el arranque de su mandato. El motivo de ello reside en Junts, que se ha distanciado de Sánchez porque apoyarle perjudica sus intereses electorales, así como en sus dos socios a a izquierda: Sumar y Podemos. Todo apunta a que la legislatura seguirá prácticamente paralizada, sin reformas, que corrijan los desequilibrios económicos.