Madrid
La colaboración pública-privada, un modelo que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante proyectos estratégicos, sufrió un fuerte varapalo el pasado martes, cuando la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, propuso "una progresiva incorporación de nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS)", es decir, bloquear el acceso de más funcionarios a Muface, hasta acabar con esta mutua de asistencia sanitaria, que presta servicios a más de millón y medio de empleados públicos.
Herrero intentó justificar sus palabras en "las preferencias" de los usuarios. El informe cita que los docentes del sector de educación eligen ya mayoritariamente la sanidad pública, que también crece entre los empleados jóvenes. El porcentaje se dispara al 70% en los casos de los usuarios con patologías graves, como los tratamientos oncológicos y de diálisis.
La presidenta aprovechó su intervención para poner el énfasis sobre otros problemas de Muface, entre los que citó la ausencia de digitalización del historial clínico, la información a los asociados y, sobre todo, los costes de los medicamentos, que llegan a superar en seis veces a los dispensados por los servicios públicos.
La obsolescencia de Muface puede entenderse teniendo en cuenta que lleva varios años generando importantes pérdidas a las aseguradoras privadas, que habían amenazado con marcharse. ¿Quién va a invertir en mejorar un servicio que se va a dejar de prestar? Como se sabe, la oferta lanzada por el Gobierno el pasado octubre se quedó desierta, porque las aseguradoras que habían participado en el anterior convenio (2021-2024), Adeslas, Asisa y DKV, alegaron unos números rojos cercanos a los 600 millones.
Ante el plantón de las aseguradoras y la presión de los sindicatos para mantener el sistema mutualista, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, salvó el sistema de manera temporal al elevar la oferta a 4.800 millones por tres años, 1.276 millones más que el actual, con un aumento acumulado de la prima media del 41,2%.
La conclusión a la que llegó la presidenta de la AIReF es incongruente con los datos recogidos en el informe de su organismo, en el que se refleja que sólo el 24% de los mutualistas opta por el sistema nacional de salud, es decir, que el 76% restante elige permanecer en Muface.
Hay numerosos estudios de organizaciones privadas, entre los que destaca el de la patronal hospitalaria IDIS, donde se apunta que cada mutualista genera un gasto inferior en 723 euros anuales al de la sanidad pública. La cifra calculada por la AIReF es inferior, aunque va en la misma dirección. Según esta última, el usuario público costó 1.405 euros per cápita en 2024, frente a los 1.030 del sistema mutualista, casi 400 euros menos. Para más Inri, el coste per cápita creció el 52,7% en Muface, 12 puntos más que la Seguridad Social (40%).
Suprimir Muface, según el organismo que dirige Herrero, produciría otro efecto lateral pernicioso: incrementaría el 7% las listas de espera para operaciones quirúrgicas, que se acercan en ocasiones a dos años, mientras que el tiempo para las consultas médicas subiría el 30%.
Además, es ingenuo pensar como Herrero, que el Gobierno va a reforzar previamente el Sistema Nacional de Salud y tomar medidas para reducir las listas de espera. El estudio elude, por otra parte, cuantificar el coste adicional que el Estado tendría que compensar a las autonomías por la apertura de centros sanitarios y la contratación de personal por el fin de Muface.
El Gobierno renovará el contrato de Muface por tres años. Fuentes próximas a Óscar López señalan que evaluarán los escenarios descritos por la Autoridad fiscal en su informe. Su presidenta, probablemente, haya puesto el último clavo en el ataúd de Muface, antes de asistir a su entierro definitivo.
Pero sus efectos reverberan mucho más allá del mutualismo, en realidad es un ataque frontal al sistema de concertación o de concesión administrativa inaugurado en el modelo Alzira bajo el Gobierno de Aznar. El hospital valenciano fue renacionalizado por Ximo Puig, pese a que las auditorías mostraban la satisfacción de sus pacientes con costes el 25% inferiores a los públicos.
El ataque a Muface pone en riesgo la colaboración público-privada en el sistema sanitario
Con estos los datos en la mano, no se entiende por qué Herrero asegura que poner fin a las mutualidades generaría "mejoras de eficiencia". Más bien sería lo contrario. La presidenta de la AIReF se alinea así con la bandera ideológica del Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, en la defensa a ultranza de la sanidad pública.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) es un organismo público nacido en la década de los setenta para prestar atención sanitaria concertada a los funcionarios, que supone una anomalía en el panorama internacional. Sus beneficiarios, los empleados públicos y sus familiares, pagan una cuota mensual que solo cubre una parte de la factura y el resto corre a cuenta del Estado. Aun así, su prestación resulta menos onerosa para las arcas públicas gracias a la colaboración público-privada con mutuas sanitarias y aseguradoras.
Herrero debería defender la extensión de esta fórmula y no al revés, de manera que todos los cotizantes tuviéramos la posibilidad de elegir entre lo público y lo privado. Eso sería lo realmente "eficiente".
De la batalla de Prisa...
El presidente de Prisa, Josep Oughourlian, es un hombre de negocios curtido en sorprender a sus rivales. Esta semana acometió una ampliación relámpago de capital sin derechos de suscripción preferente, que garantiza su triunfo en la próxima junta de accionistas, gracias a la entrada de fondos leales que le permitirá controlar el 46% del capital del grupo.
La operación deja fuera de juego tanto a los accionistas españoles próximos a Sánchez encabezados por la sociedad Global Alconada, a los que diluye, como a Vivendi, que sufría presiones del Gobierno para que votara a su favor. El siguiente paso será crear un consejo de administración a su medida y remodelar la cúpula directiva del grupo, aunque sin cambiar su orientación informativa.
El presidente de Prisa venció en la primera batalla a Sánchez, pero... ¿ganará la guerra?
En las últimas semanas, se ha especulado con una opa de Telefónica sobre Prisa. La operación podría tener sentido económico, ya que reduciría el coste de los 815 millones de la deuda de modo casi automático, el principal lastre de sus cuentas, al integrarse en Telefónica. Pero sería contraproducente para su negocio, porque se trata de un ámbito en el que la operadora de telecomunicaciones no tiene interés alguno en crecer. Fuentes próximas a Telefónica lo descartan, alegando que generaría rechazo de fondos y accionistas. Y más en vísperas de la Junta, que debe ratificar el nombramiento de su presidente.
El problema es que fuera de Telefónica no hay nadie dispuesta a asumir una opa con un coste superior a los mil millones, si contamos la deuda. Los accionistas españoles confían en encontrar capital para adquirir el paquete de Amber, próximo al 30%. Una opción que Oughourlian descarta, aunque en medios oficiales se atribuye a una posición para mejorar la oferta.
¿Va a consentir Pedro Sánchez que maneje a su placer los hilos de la SER y de El País? El presidente de Prisa se pertrecha con armas y bagajes para resistir hasta el momento de negociar su salida, que no se vislumbra en el corto y medio plazo.
... a la vuelta de Taqa
Tiempo es precisamente lo que necesita la emiratí Taqa para abordar el desembarco en el capital de Naturgy. Los hombres de Jasim Husain Thabe ni siquiera se han sentado a la mesa de negociaciones con el fondo CVC, que ha mostrado su disposición a vender hasta sondear la posición del Gobierno. Esta semana estuvieron por Madrid reuniéndose con representantes oficiales.
El acuerdo no va a ser fácil, porque la presión argelina, que ya dio al traste con las conversaciones con Criteria para lanzar una opa conjunta sobre Naturgy en la anterior ocasión, puede frustrar la nueva ronda de conversaciones. Ahora, el planteamiento es radicalmente diferente al anterior, ya que Taqa se quedaría entre el 20 y el 30% sin entrar directamente en la gestión. Está por ver si lo aceptan.
Afortunadamente, las negociaciones no afectan a la marcha de la compañía, que acaba de aprobar una auto-opa para mejorar su liquidez en bolsa, gracias a un laborioso acuerdo con los principales socios, comandado por su presidente, Francisco Reynés.
Pese a este respiro, la amenaza latente, que nadie quiere reconocer, es que si Taqa no entra se lo plantee el Gobierno. Así que, de algún modo, están condenados a entenderse.
