Madrid
El sistema de mutualidad de los funcionarios lleva desde su inicio en los años setenta del pasado siglo mostrándose como un método de colaboración pública-privada eficiente para la sanidad. Así lo reconoce la propia AIReF en un informe publicado esta misma semana en el que detalla que el coste de cada mutualista para el sistema fue de 1.030 euros frente a los 1.420 euros que supone cada usuario de la sanidad pública.
Pese a este ahorro y de manera incomprensible la AIReF se alía con los postulados del Ministerio de Sanidad y defiende que se cierre el grifo para impedir que los nuevos funcionarios se adhieran al sistema. Esta medida provocaría la progresiva detonación del actual mutualismo administrativo, que solo experimentaría salidas, hasta terminar desapareciendo con los años. Su fin obligaría al sistema público sanitario, que es responsabilidad de las comunidades autónomas, a asumir la asistencia de 1,57 millones de pacientes.
Esto tendría un alto coste en términos económicos, que fuentes empresariales cifran en más de 1.000 millones. Pero, además, de este impacto económico, la propia asistencia sanitaria sufriría un importante golpe, debido a que la asunción de los funcionarios coincidiría en un momento de clamorosa escasez de profesionales y de colapso asistencial. De hecho, la propia AIReF indica que el fin de Muface elevaría en un 7,2% las listas de espera quirúrgicas, mientras que el tiempo que los pacientes aguardan hasta ser atendidos por un médico se incrementaría un 30%. Datos que demuestran la incongruencia de la AIReF y el daño que por motivos ideológicos supondría terminar con Muface y al sistema de colaboración público privada con los hospitales.
