Madrid
España es uno de los países que más grava las ganancias de capital. De hecho, el tipo máximo de nuestro país, situado en el 30% para aquellos que obtienen más de 300.000 euros de beneficio con sus ahorros, solo es superado en Europa por seis estados y bate en casi 13 puntos la media de la Unión. Una diferencia que se ha ido agrandado en los últimos años, tras elevar el Ejecutivo tres veces este gravamen desde 2022.
La última de estas subidas tuvo lugar a finales de 2024 cuando el Gobierno aprobó a iniciativa de Sumar aumentar dos puntos más la presión a las rentas de capital. Un incremento que choca con la tendencia de los Veintisiete que optan mayoritariamente por mantener o bajar esta figura tributaria, o incluso suprimirla, como es el caso de Chipre y Grecia. De hecho, en estos dos países se ha pasado de retener el 20% y el 15%, respectivamente, a sus contribuyentes en 2024 a eliminar por completo esta tasa en el presente ejercicio fiscal. Elevar la presión impositiva como hace España es siempre negativo. Pero en el caso de las rentas de capital resulta especialmente nocivo porque afecta al legítimo afán de los ahorradores particulares de buscar el máximo rendimiento al capital que poseen.
Más aún si se tiene en cuenta que el alto gravamen al ahorro no es la única normativa fiscal a la que están sujetos los inversores en España. De hecho, nuestro sistema tributario también exige un impuesto por la repatriación de los dividendos de los accionistas residentes en territorio nacional. En cambio, estados como Países Bajos carecen del mismo. Todo ello configura un castigo fiscal a los ciudadanos que nos sitúa como una rara avis dentro de la UE, pero que además, infringe un grave daño al conjunto de la economía, ya que desincentiva el consumo y la inversión.
