Madrid
Yolanda Díaz y su equipo llevan tres años sin concretar cuántas personas con un contrato fijo discontinuo hay inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo. Argumentan para ello que el registro de demandantes es competencia de las comunidades autónomas. Pese a ello, la realidad es que el propio Ministerio de Trabajo sí maneja e incluso publica esa cifra.
Eso sí lo hace en el Anuario de Estadísticas Laborales, un informe que se hace público meses después de que termine cada ejercicio, lo que hace que sea un documento que ni los medios ni los analistas del mercado laboral tienen en cuenta. Ello pese a que entre sus páginas se incluye el número real de trabajadores apuntados al paro que encadenan periodos de actividad con otros de inactividad en los que ni cobran salario, ni cotizan ni están dados de alta a la Seguridad Social.
El Anuario desvela que los trabajadores que estaban en esta situación alcanzaron una media de 687.884 al mes en 2024, un 17,62% más que en 2023 y un 111% más que antes de la reforma laboral. Un incremento esperable ya que fue precisamente el cambio normativo impulsado por Díaz en 2021 el que rescató a esta controvertida figura contractual. Una polémica comprensible ya que la cifra de fijos discontinuos siembra dudas sobre la fiabilidad de las cifras del mercado laboral. De hecho, suponen cuatro de cada diez demandantes no parados, y podrían constituir un incremento del desempleo de hasta el 26,6% respecto a las cifras oficiales. Un porcentaje que es la razón que hay detrás de la opacidad interesada que el Ministerio de Trabajo ha mantenido siempre con los fijos discontinuos, ya que su ocultación permite 'vender' un mejor comportamiento del empleo que la realidad que muestran sus propios datos.
