Madrid
En los primeros 11 meses del pasado año, la Seguridad Social recibió una transferencia récord del Estado de casi 41.632 millones, casi un 7%% más que en 2023 para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Un objetivo que se logró, ya que la Seguridad Social presentaba un superávit hasta noviembre de 4.555 millones. Pero esta abultada cifra no indica la realidad de una administración, que lleva en pérdidas desde comienzos de la pasada década.
Para obtener la foto real es necesario comparar el balance entre ingresos y gastos, que van a pagar exclusivamente las pensiones contributivas, y restar a esa cifra la parte de las transferencias del Estado destinada a gastos impropios, que por ley no corresponden a la Seguridad Social. Una operación que se salda con un déficit cercano a los 30.000 millones según la consultora WTW, cerca del 2% del PIB. Una cifra astronómica que se produce incluso con el alza de los ingresos por cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, que aportaron un 11% más durante el pasado curso, hasta 151.605 millones. Además, la caja de las pensiones también incorporó los ingresos adicionales de la sobrecotización, que se aplica a todas las nóminas, el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que dejó otros 3.395 millones. Pese a toda esta aportación extra, la Seguridad Social se ve incapaz de cubrir el incremento anual del gasto en pensiones (8,1% más en 2024 respecto a 2023), provocado por la revalorización de las pagas al IPC. Esta decisión y el progresivo retiro de la generación del baby boom harán cada vez más insostenible las pensiones. Solo con medidas que racionalicen el gasto se podrá revertir el creciente desequilibrio.