Madrid
Tanto BBVA como Sabadell celebraron esta semana sus juntas de accionistas en pleno proceso de opa por parte de la entidad vasca sobre la catalana. Como es lógico cada uno defendió su posición, pero ambos bancos coincidieron al respecto de la resolución de la CNMCsobre la operación. Así, BBVA y Sabadell esperan un dictamen laxo con unas condiciones insuficientes para tumbar la opa. Una posición lógica habida cuenta de que la CNMC ha rechazado los requerimientos presentados por Sabadell.
Una vez superado el escollo de Competencia, la pelota estará en el tejado del Gobierno, que tiene en su mano la última palabra que decidirá el futuro de la opa. Como el propio Ejecutivo ha recordado en más de una ocasión, una disposición adicional introducida en 2012 en la Ley de Supervisión Bancaria otorga poderes al Ministerio de Economía para vetar la operación por competencia o por el "interés general". Sabadell le ha pedido al Ejecutivo que utilice esta normativa para rechazar la opa, ya que estima que la operación pone en peligro el "bienestar de España" porque afecta al 70% del tejido industrial. Aboga así por una intervención oficial que el BBVA rechaza ya que considera que la opa es "una apuesta por España y sus empresas". Pero más allá de estas posiciones enfrentadas, la realidad es que el Gobierno cuenta con las armas legales para poner obstáculos a la opa, en uso de su legítimo derecho. En su decisión, el Ejecutivo debería respetar los criterios de mercado y no basarla en elementos políticos, que alejen a los inversores de un país como el nuestro, donde las operaciones corporativas están ya bastante cuestionadas por intereses que van más allá de los accionistas.
