Europa se encuentra ante una encrucijada que definirá su futuro. La intensa rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China reduce la capacidad de maniobra de la UE, asfixiada por la presión de ambas potencias. La dependencia crítica de recursos externos y la creciente brecha en innovación y productividad amenazan la supervivencia del modelo europeo. Los informes Draghi y Letta constituyen, en este contexto, la brújula para que España y el resto de países europeos recuperen su posición en el tablero global. Pero su materialización no puede esperar. En este momento, la pregunta no es si debemos aplicar estas recomendaciones, sino cuán rápido podemos hacerlo.
Los problemas de pérdida de productividad se ven agravados ante la consolidación en EEUU y China de ecosistemas tecnológicos que ejercen un dominio global. El desarrollo de la inteligencia artificial o la computación cuántica no hacen sino agravar este desequilibrio. Se trata de la nueva frontera de la competitividad. La IA, aplicada de manera estratégica, tiene el potencial de transformar industrias enteras, generar nuevas oportunidades de negocio y elevar los estándares de productividad. En 2030, se espera que genere el 3,5% del PIB mundial. Del mismo modo, la supercomputación es clave para el desarrollo de modelos avanzados de IA. Más allá de los chips cuánticos, esta tecnología comprende un nuevo horizonte que Europa debe seguir impulsando, en línea con proyectos como el superordenador MareNostrum en Barcelona.
Desde el sector privado, la simplificación regulatoria, el fortalecimiento de un mercado único ahora fragmentado, y una mayor inversión en innovación y tecnología, a través de la colaboración público-privada, se observan como los pasos más urgentes para la reactivación europea. Las compañías españolas y europeas enfocadas a la tecnología y especializadas en la transformación digital juegan ya un papel fundamental para traducir a la realidad económica, laboral y empresarial las recomendaciones de Draghi y Letta. Es el caso del sector de la consultoría, que en España representa el 1,5% del PIB, emplea a más de 280.000 profesionales y exporta servicios de alto valor por de más de 7.600 millones de euros anuales.
Para seguir avanzando en esta dirección, la colaboración entre el sector público y privado debe ser más estrecha y eficaz, evitando las duplicidades y obstáculos burocráticos que lastran la puesta en marcha de proyectos estratégicos. Se deben simplificar las regulaciones y armonizar normativas nacionales para facilitar el mercado transfronterizo de servicios. Del mismo modo, en el ámbito de la innovación, la simplificación de marcos legales permitirá el crecimiento de startups y el desarrollo de tecnologías disruptivas. En la actualidad, el 30% de las empresas innovadoras que alcanzan una cifra de negocios superior a los 1.000 millones de euros, conocidas como unicornios, deciden trasladarse a EEUU para continuar con su crecimiento.
En ese sentido, fortalecer la industria de defensa y aeroespacial, que tiene cada vez un mayor componente tecnológico y de ingeniería, es un paso clave para la autonomía estratégica. Según el informe Draghi, entre 2022 y 2023, el 78% del gasto total europeo en adquisiciones en defensa fue a parar a proveedores de fuera de la UE, de los cuales el 63% eran estadounidenses. España se ha comprometido a invertir el 2% del PIB en defensa en 2029, por lo que este esfuerzo, si se enfoca al ámbito nacional, potenciará la reindustrialización y la inversión en I+D.
La seguridad pasa también por reducir la dependencia exterior de energía y suministros críticos, desde semiconductores hasta materias primas esenciales para la industria tecnológica y de defensa. La solución no puede limitarse a la diversificación de países proveedores, sino que se requiere una política industrial más ambiciosa, conjugando descarbonización y competitividad.
Para que sea posible este avance en innovación y productividad, es prioritario fortalecer el talento, específicamente en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Las empresas vinculadas a la consultoría y a las TIC, entre otras, realizan un gran esfuerzo en formación y en fidelización del talento, pero sin una mayor implicación de las administraciones públicas no será posible para mitigar esta escasez de profesionales. La UE debe imitar a Estados Unidos, donde existe una mayor correlación entre la inversión en personas y en nuevas tecnologías.
Pese a los desafíos económicos y geopolíticos, Europa tiene ante sí una oportunidad única para recuperar su competitividad. Pero el tiempo apremia. Es necesario dejar de lado los debates más prolijos y atender las medidas que pueden llevarse a la práctica de forma inmediata. De acuerdo con el análisis del Real Instituto Elcano, el 53% de las medidas propuestas en el informe Draghi no necesitan de inversión pública adicional a la que ya cuenta la UE. En concreto, se trata de 93 medidas que no necesitan de nueva financiación para llevarse a cabo y que se refieren a cambios regulatorios, coordinación entre actores o rediseño de programas ya en marcha. De ellas, 31 medidas aparecen en las cartas de mandato del nuevo Colegio de Comisarios para llevarse a efecto.
Por tanto, no se trata de esperar a que las condiciones sean óptimas ni a que se hagan realidad complejos mecanismos de financiación como la emisión de deuda común. Es necesario actuar ya, con pragmatismo en las instituciones, y otorgando protagonismo a las empresas que impulsan la innovación y la productividad vinculada a la tecnología. Es una cuestión de supervivencia.
