La reforma de la jornada de trabajo hasta las 37,5 horas semanales que el Consejo de Ministros impulsó hace tres semanas incluye más cambios normativos que son dañinos para las empresas. Un buen ejemplo de ello es el desnortado incremento de las sanciones a los negocios que no registren los horarios de trabajo de forma adecuada. Tanto es así que la multa será de hasta 10.000 euros por trabajador y no por empresa, como hasta ahora.
Esta penalización también se extiende a los límites de la jornada, las vacaciones, e incluso las horas extra. Asimismo, la Inspección podrá conocer los datos en todo momento ya que tendrá acceso en remoto al recuento de las horas. Con ello, el Gobierno busca conseguir un registro real del tiempo de trabajo. De hecho, las empresas tendrán la obligación de anotar hasta las pausas que sus trabajadores se toman durante la jornada. Esto generará muchos problemas a las compañías, ya que deberán definir de forma interna si interrupciones habituales en cualquier negocio, como tomarse un café o un bocadillo o incluso ir al baño, se computan como tiempo efectivo de la jornada laboral.
Hasta ahora y salvo que estén incluidas en convenio, este tipo de pausas no contaban en el tiempo de trabajo efectivo. Por dicho motivo, el cambio que ahora propone la reforma de la jornada va a generar un caos en las empresas, ya que los detalle en la norma al respecto brillan por su ausencia. En su afán por criminalizar al empresario, la vicepresidenta Yolanda Díaz impulsa un desmedido control en la jornada de trabajo, mediante un inaceptable registro horario que, además, acarreá graves sanciones. Supone también una injerencia en la organización interna de los negocios, a los que aboca a un callejón sin salida.