Barcelona
Nueva visita a Waterloo del empresariado catalán. La influencia de Junts per Catalunya sobre la gobernabilidad de España está obligando a los empresarios a desplazarse hasta Bélgica para negociar de tú a tú con Carles Puigdemont, líder de la formación posconvergente. El voto de los independentistas es fundamental para asegurar la aprobación de medidas como la reducción de la jornada laboral, sobre la que Junts ha mantenido una postura ambigua en las últimas semanas. Según ha averiguado elEconomista.es, una delegación formada por miembros de Cecot se entrevistará con el expresident mañana, 19 de febrero, en su residencia de la capital belga.
Hace unas semanas, un grupo de industriales del metal, encabezados por Jaume Roura, también tomó el avión hasta Bélgica para verse con Puigdemont. Estos encuentros intentan atar la negativa de Junts al proyecto estrella del Ministerio de Trabajo, que se halla en tramitación parlamentaria. Se espera que haya nuevas reuniones en las próximas semanas.
En representación de Cecot acudirán, entre otros, Xavier Panés y Oriol Alba, presidente y secretario general de la patronal, respectivamente. Cecot es una confederación gremial con gran ascendiente en el Vallès, pulmón industrial de Cataluña. Integrada en Foment del Treball, con quien mantiene una estrecha colaboración, la asociación tiene magníficas relaciones con el mundo juntaire.
A modo de ejemplo, la organización fichó al actual presidente del Parlament, Josep Rull, como comisionado de energía de la patronal cuando este fue indultado. Aun cuando la patronal cultiva lazos con las principales fuerzas políticas catalanas, la vía directa con el entorno posconvergente es una baza para tratar de condicionar el posicionamiento de Puigdemont, que tiene la última palabra sobre las decisiones del partido.
La ambigüedad de 'Junts'
Los representantes empresariales trasladarán a Puigdemont su inquietud por la afectación del recorte de la jornada sobre las pequeñas y medianas empresas. Recientemente, Junts ha amagado con dar apoyo a la jornada semanal de 37,5 horas si se acompaña de ayudas para las pymes. Pero son las propias patronales y gremios las que ponen el acento en los perjuicios que el cambio, implementado con independencia de la productividad y el esfuerzo fiscal, acarrearía sobre el tejido productivo. Ello sin contar que la decisión se tomaría al margen del diálogo social.
De fondo, el temor que cunde en el microcosmos catalán es que Junts pacte con Trabajo la letra menuda de la reducción de jornada si consigue prebendas en otras carpetas, como el traspaso de las competencias de inmigración o, incluso, un indulto para Laura Borràs, cuya condena por los delitos de prevaricación y falsedad documental continuada fue ratificada por el Tribunal Supremo la semana pasada.