Sabido es que las encuestas del CIS de Tezanos tienen más cocina que los fogones de Ferrán Adriá y menos credibilidad que los cambios de opinión de Pedros Sánchez, pero si en una cosas pueden estar, sino acertando si alertando sobre la realidad de la España del sanchismo es sobre el acceso a la vivienda. Un problema que, si no el primero, seguro está en el podio de las preocupaciones de los españoles.
Siete años lleva la coalición socialpopulista en el Gobierno de España y la escasez de viviendas tanto de compra como de alquiler social sigue siendo una más de las grandes promesas incumplidas de Pedro Sánchez. Incluida la creación de una empresa pública de vivienda, que no es más que la resurrección del Instituto Nacional de la Vivienda de ese Franco al que tanto utiliza y al que tanto se asemeja.
Los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, que sirven de fuente para las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que el precio medio de la vivienda alcanzó en España en el cuarto trimestre de 2024 los 2.164 euros el metro cuadrado, lo que supone un aumento del 2,4% respecto al trimestre precedente y un nuevo máximo histórico.
Más de 400.000 viviendas lleva prometidas Sánchez desde el inicio de su mandato, todavía seguimos esperando la primera, y siete años después el Gobierno sigue sin entender que la crisis de la vivienda en España esta motivada por tres causas fundamentales: la falta de oferta, el aumento de la demanda y la falta de solvencia de los demandantes que reduce sensiblemente la capacidad de hipotecarse. Escollo este último que está directamente relacionado con la fiscalidad abusiva, la precariedad laboral –hoy tener un contrato indefinido no garantiza tener un empleo fijo y poder llegar a fin de mes- la elevada tasa de desempleo juvenil, el estancamiento de la productividad, la baja capacidad de ahorro y el aumento de la pobreza en un país donde uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza o exclusión.
Añadir a esto en el caso del alquiler la falta de seguridad jurídica de los propietarios ante la okupación o el impago de los inquilinos, además de la sobreprotección que la legislación desacertada y las políticas de los socios populistas del gobierno ejercen sobre quienes con actitudes delictivas que atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada.
Lo que no entiende este gobierno, por fanatismo ideológico en unos casos y por estrategias electoralistas otros, ajenos siempre al interés y a las necesidades de los ciudadanos, es que para dinamizar y abaratar el mercado de vivienda lo que realmente funciona es estimular la oferta. Se necesita liberar suelo urbanizable, rebajar la elevada fiscalidad y en el caso del alquiler dar mayor seguridad jurídica eliminando la indefensión legal y formal del propietario ante impagos, ocupaciones y destrozos, además de eliminar o agilizar la burocracia. Factores todos ellos que encarecen tanto la creación de vivienda nueva como la venta o puesta en alquiler de viviendas ya construidas.
En cualquier democracia sana y con políticos que trabajan por el bien común, la urgencia del problema exigiría un pacto de Estado entre las fuerzas políticas mayoritarias. Algo que en la España de hoy, donde el Ejecutivo fomenta la polarización y la división además del enfrentamiento, parece imposible e impensable.
"No es normal que se necesiten diez años para modificar un plan de ordenación urbana", resaltaba recientemente Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de Construcción, para añadir que "los problemas subsanables no deberían anular una planificación porque crea lentitud e inseguridad para los promotores inmobiliarios".
Es imprescindible que los partidos políticos se pongan de acuerdo en una Ley del Suelo y que el gobierno de seguridad jurídica para que un defecto no anule la planificación urbanística. Eso y que alguien desde este gobierno nos explique, si es que puede, por qué no se está construyendo más vivienda en un país donde se crean220.000 hogares cada año y sólo se construyen 85.000 viviendas, lo que hace que el problema sea ya apremiante y agobiante.
