La Unión Europea se enfrenta a un gran enemigo: ella misma. La economía comunitaria se está suicidando con Alemania como adalid de este harakiri colectivo. En nombre de una transición verde acelerada, la locomotora económica de la Eurozona ha gripado su motor, poniendo en riesgo no sólo su propia estabilidad, sino también la del continente en su conjunto. En 2010 el país germano adoptó la legislación Energiewende ("giro energético") con un enfoque hostil hacia los combustibles fósiles y la energía nuclear. Un paradigma que marcó el inicio de un cambio drástico en su estructura energética y económica y aunque la intención inicial buscaba un futuro sostenible, los resultados han sido devastadores: elevados costes energéticos, una industria cada vez menos competitiva y una creciente dependencia de países como China y Estados Unidos.
Hace tan solo 16 años las economías de la UE y EEUU estaban al mismo nivel. Hoy, la estadounidense es un 50% más grande que la europea. Mientras Estados Unidos ha priorizado el pragmatismo, la adaptación y la creatividad; Europa se ha decantado por la seguridad normativa en detrimento del crecimiento.
La UE se está quedando atrás; los productos "made in Europe" son cada vez menos competitivos; no se crean nuevas industrias y las tradicionales se están desmantelando. Las cifras son claras: el peso del bloque comunitario en el PIB mundial ha pasado del 21,90% en 2010 al 17,51% en 2023; mientras que sus competidores -Estados Unidos y China- han evolucionado del 22,62% al 26,11% y del 9,07% al 16,85%, respectivamente.
Las heridas que desangran a Europa son muchas, pero pueden resumirse en siete: una "catarata" regulatoria excesiva y compleja que atenta contra nuestra competitividad; un enfoque demasiado centrado en la sostenibilidad ambiental, olvidando la seguridad de suministro; insuficiente inversión en tecnologías emergentes; bajo gasto en investigación y desarrollo; altos costes energéticos; la agresiva competencia de China y las políticas proteccionistas de Estados Unidos.
"El sentido común no es tan común", decía Voltaire. Esta apreciación del filósofo de la Ilustración resulta muy apropiada en el ámbito de las políticas medioambientales de la UE, que ha diseñado una transición energética fallida con decisiones erróneas como la prohibición de vender coches con motores de combustión interna en 2035, depreciando el principio de neutralidad tecnológica al apostarlo todo a la electrificación cuando la realidad ya lleva años mostrándonos una "foto" muy distinta: sólo el 12% de los nuevos turismos que se matriculan en la UE son 100% eléctricos.
Mucho me temo que no habrá que esperar a 2035 para presenciar el principio del colapso de la industria automovilística europea ya que desde el pasado día 1 está en vigor la norma comunitaria que, bajo amenaza de multa, obliga a los fabricantes de turismos y furgonetas a recortar las emisiones de CO2 hasta los 93,6 gramos en el periodo 2025-2029 lo que, según la patronal europea de fabricantes (ACEA), les obligará a detener la producción de unos dos millones de vehículos.
El transporte de mercancías por carretera es otro sector clave para la economía europea: los 6,5 millones de camiones que circulan por su red viaria mueven cerca del 80% de la carga terrestre de la Unión, en términos de toneladas-kilómetros. Un porcentaje que se eleva hasta el 96% en el caso de España, cuyas empresas transportistas son de las más competitivas de la Unión, junto a Polonia y Alemania. La situación en este sector europeo, donde actualmente el 95,5% de los camiones que se matriculan están propulsados por diésel y menos del 2% son eléctricos, es enormemente preocupante por los "deberes" desproporcionados impuestos a fabricantes y operadores de flotas: reducción del 45% de CO2 (en comparación con los niveles de 2019) para camiones y autobuses nuevos en el periodo 2030-2034; del 65% en 2035-2039 y del 90 % a partir de 2040. Para 2030 los autobuses urbanos de nueva matriculación deberán recortar sus emisiones el 90% hasta neutralizarlas a partir de 2035.
Las compañías de transporte no dan la espalda a la electrificación, pero los obstáculos y limitaciones que enfrentan aún son demasiados como para que apuesten exclusivamente por esta tecnología. Entre los principales problemas se encuentran la autonomía (mientras un camión diésel puede recorrer más de 4.500 km con un solo depósito, uno eléctrico de baterías difícilmente superará los 450 km y perderá tres toneladas de carga útil); la falta de infraestructura de recarga y el tiempo que tardan en cargarse; el alto coste (un camión eléctrico es tres veces más caro que uno de gasoil) o la capacidad de producción necesaria para satisfacer la demanda (sólo en España se matriculan anualmente 25.000 camiones pesados).
Afortunadamente, en el último año muchos gobiernos europeos están expresando su rechazo hacia las radicales políticas climáticas adoptadas en las últimas dos décadas; normativas autoimpuestas que han supuesto un tiro en el pie ya que están provocando la desindustrialización de la UE sin que ello suponga una reducción global de las emisiones.
Es hora de recuperar el sentido común al que hacía alusión Voltaire y apostar por un futuro sostenible, pero también equilibrado y pragmático.
