Los precios del alquiler se han disparado en los últimos años, como demuestra el alza del 11,5% del pasado ejercicio. Un impulso que según todo el sector inmobiliario se debe a la falta de oferta en un contexto de elevada demanda. Una unanimidad de la que el Ayuntamiento de Barcelona no se ha enterado.
Al menos así lo indica que el consistorio liderado por Jaume Collboni mantenga las políticas en vivienda de su predecesora Ada Colau, cuyo efecto principal fue precisamente reducir la inversión en el alquiler y el número de pisos en el mercado.
Pese a ello, el Ayuntamiento de la ciudad condal ahoga a las empresas y a los caseros con una presión regulatoria sobre el mercado del alquiler, ejercitada a través del control de rentas y de la reserva obligatoria del 30% de las promociones a vivienda de protección oficial (VPO). Todo ello ya provoca que los propietarios prefieran vender a arrendar con el fin de esquivar la estricta normativa. Pero por si esto no fuera suficiente actuaciones populistas de Collboni, como la compra por parte del Ayuntamiento de Casa Orsola para 'salvar' a los inquilinos que disfrutan de contratos de renta antigua, lanza un mensaje dañino para los inversores. Tanto es así que los desembolsos en el mercado residencial de alquiler en Barcelona se ha desplomado casi un 30% desde 2019. Una caída que, sin duda, lamina la exigua oferta de pisos de alquiler en la ciudad y que provoca que las rentas hayan subido un 13,5% en el arranque de año.
En este contexto, resulta inconcebible que el consistorio ponga incluso trabas a la reconversión de oficinas en vivienda, ya que ello también va en contra del necesario aumenta de la oferta de pisos. El Ayuntamiento es, por tanto, el gran responsable de que vivir de alquiler sea una posibilidad a la que solo unos pocos pueden optar.