A todos, o a casi todos, nos gustaría obtener los mismos ingresos reales trabajando menos tiempo. Este deseo se ha ido cumpliendo a largo plazo. Trabajamos menos tiempo que nuestros abuelos, y vivimos mejor. La clave de que esto haya sido posible es la mejora de la productividad debida fundamentalmente al progreso tecnológico. Pero, que eso se haya cumplido en los últimos doscientos cincuenta años, desde la revolución industrial, no significa que, en estos momentos en España sea una buena idea reducir la jornada máxima de trabajo por ley.
En muchos sectores, ya se ha limitado la jornada laboral por convenio. Y, además, muchos empleados no trabajan a jornada completa. Esto quiere decir que la reducción del tiempo de trabajo sólo afectaría, obviamente, a los que no lo tienen ya reducido. Y no lo tienen reducido por algo, habitualmente por una cuestión de coste. De hecho, el principal efecto de la reducción de jornada es un aumento del coste laboral, ya que, a corto plazo, las remuneraciones se mantendrían. Esto resulta evidente en los trabajos a tiempo parcial, en los que no habría reducción de horas, sino aumento proporcional de los sueldos de los trabajadores. Pero, en los demás casos, la reducción de jornada debería compensarse contratando a trabajadores adicionales.
Para ver qué efectos tendría esta medida, lo primero es echar un vistazo a los grandes números. Como hemos visto, para poder permitirnos una reducción de jornada, lo que tiene que haber ocurrido es un aumento de la productividad por hora trabajada, de tal forma que se pueda producir lo mismo en menos horas. Por otra parte, el coste laboral unitario se tiene que haber contenido porque ahora se va a incrementar. Además, esto va a ocurrir en los sectores menos productivos, porque en los más productivos, el efecto se habrá producido por convenio. De hecho, en las grandes empresas, que son las más eficientes y productivas, porque así se han hecho más grandes, es relativamente frecuente un horario inferior a 40 horas para la mayoría del personal.
Si vemos los datos del INE, en los dos últimos años, 2023 y 2024, el aumento de la productividad por hora trabajada, en términos corrientes, ha sido de un 1,7%. Pero en estos dos últimos años, el aumento del IPC ha sido del 6%. Esto quiere decir que, aunque hay muchísimas dudas en la medición de la productividad, en el mejor de los casos, con la recuperación económica, no ha habido un incremento real de la productividad, al menos no es aparente. Si tomamos la productividad de un empleado a tiempo completo, resulta que se ha reducido en términos nominales. Eso sí, ha aumentado el número de horas trabajadas un 6% y también el empleo. Pero, lo peor es que, en este mismo periodo se ha incrementado el coste laboral unitario en un 10% en estos dos últimos años.
El resumen de todo esto es que no parece haber margen para una reducción de la jornada laboral sin reducción de retribuciones. Y mucho menos parece que haya margen para subir, de forma importante y generalizada, los sueldos de los empleados a tiempo parcial. De todas formas, el lector se preguntará, qué pasará si, obviando los números, esta reducción se aprueba. Pues, que la economía se ajustará. Por una parte, el aumento del coste laboral, fiscal y de seguridad social incentiva la economía sumergida. Por otro lado, que los empresarios intentarán repercutir los aumentos de costes en precios. Seguramente lo consigan en parte, lo que llevará a un aumento de la inflación. En los siguientes años, como ya ha ocurrido en muchos sectores tras la pandemia, los aumentos de sueldo sean inferiores a la inflación y al eventual aumento de la productividad.
Si todo esto falla, y en algunos casos fallará, el efecto de la reducción obligatoria, generalizada y por ley, de la jornada de trabajo será una reducción del beneficio empresarial. Si el beneficio empresarial fuese extraordinario, no ocurriría nada relevante, sin embargo, lo más probable es que haya empresas que entren en pérdidas y que algunas pymes cierren. Esto quiere decir que la reducción de jornada y el aumento de costes salariales se pagará también en forma de reducción del crecimiento económico.
Probablemente a muchos lectores les haya extrañado que el aumento del coste laboral unitario haya sido superior al 10% en estos dos últimos años, porque muchos no habrán percibido un 10% más en su cuenta. Hay varias razones, la primera es que han aumentado las cuotas de seguridad social, tanto por el "mecanismo de equidad intergeneracional", la cuota de solidaridad en los sueldos altos y la igualación progresiva de las cotizaciones de autónomos a las de los asalariados, así como el destope de bases máximas. El aumento en la cuota de los empleados no ha sido tan visible, porque la mayor parte ha recaído en las empresas.
De todas formas, podemos estar ante el aperitivo en este tema, ya que, este año la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tiene que determinar si hay un desfase entre el aumento del gasto en pensiones y el aumento de ingresos. Creo que, desgraciadamente, esto es así, y que hay un desfase, pero de eso hablaremos otro día. Si la Airef comparte este criterio, y lo materializa en su informe, habría que optar entre medidas de reducción de gasto o de aumento de ingresos. Si no hay acuerdo legislativo para optar por una u otra vía, tendremos un aumento de las cotizaciones, y, en consecuencia, de los costes laborales en los próximos cinco años.
La otra razón por la que casi ningún asalariado ha llegado a compensar la pérdida de poder adquisitivo se debe al IRPF. Como no se ha adaptado ni la tarifa ni ningún otro elemento del impuesto a la inflación, todos estamos sufriendo la "progresividad en frío", es decir el aumento del tipo efectivo del impuesto sin que haya aumentado, o incluso se haya reducido, la capacidad económica del contribuyente. Como comentamos la semana pasada, al hilo del SMI, la "progresividad en frío" del IRPF ha sido la principal subida de impuestos en España en estos últimos años.
Por supuesto, combinar el continuado incremento del SMI por encima de la inflación, junto con el aumento de las cuotas de seguridad social, y la reducción de jornada no es inocuo, especialmente para los trabajadores menos formados, los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, y en general aquellos trabajadores a los que los empresarios, con razón o no, les perciben una menor productividad. Esta combinación de medidas puede acabar perjudicando precisamente a los más débiles en el mercado laboral.
Todo esto convivirá, no nos olvidemos, con la revolución de la inteligencia artificial, que es una tecnología que permitirá aumentar la productividad. Pero, que, como toda mejora tecnológica, reducirá el empleo. Anticiparse a sus efectos, que, además con la irrupción de Deepseek, probablemente sean más rápidos por la reducción imprevista de costes, quizás no sea una buena idea. Cuando la productividad haya aumentado sustancialmente, y los costes se hayan reducido, entonces será el momento de reducir la jornada, escuchando a todos los agentes sociales, incluyendo a los empresarios. Si se invierte el orden, repartiéndonos unos beneficios que todavía no tenemos, es más que probable, siendo optimistas, que cuando efectivamente lleguen, sean muy inferiores a lo que hubiesen sido de otra forma.
Como nos enseñaba Adam Smith, el trabajo es la riqueza de las naciones, y trabajar cada vez menos, especialmente cuando se hace contra la aritmética, no es el camino de la prosperidad.
