Los últimos datos de Contabilidad Nacional, relativos al tercer trimestre, han levantado suspicacias sobre la realidad que se esconde tras el crecimiento récord de nuestro país.
El fuerte avance del 0,8% del pasado verano debe mucho al vigor que presenta el gasto público, cuyo incremento –del 2,5%– triplica el ritmo propio de la economía en su conjunto. La realidad reflejada por el INE dista mucho de corresponder a un hecho aislado. Debe enmarcarse en el constante avance que muestra el desembolso del conjunto de las Administraciones públicas desde la moción de censura que derribó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.
En los años transcurridos desde entonces, bajo la dirección del presidente Pedro Sánchez, el incremento de esa variable supera el 35% y suma más de 680.000 millones. Su evolución al alza está ya muy lejos de poder justificarse por la emergencia que plantearon los peores años de la pandemia. Es cierto que el crecimiento en paralelo del PIB camufla, hasta cierto punto el peso del gasto público en el conjunto de la economía.
Es más, España cumplió este año con las reglas fiscales exigidas por Bruselas, aunque no debe olvidarse que la UE no tolerará incrementos de este desembolso en el entorno del 3% desde 2025. Pero lo más importante es que esta tendencia del consumo de las Administraciones se alimentará de subidas de impuestos aún mayores que las que ya soportan los contribuyentes.
En paralelo, a medio y largo plazo, provocará una inercia negativa que conduce a una economía caracterizada por un crecimiento dopado por el sector público, incapaz de resolver los problemas ya graves de falta de productividad y competitividad que arrastra desde hace décadas.