Este martes entró en vigor la normativa de la Xunta de Galicia que obliga a los promotores de parques eólicos en la autonomía a repotenciar sus instalaciones si tienen más de 25 años. Una medida que el Gobierno regional impulsó para reducir el número de aerogeneradores en su territorio.
Es decir que con el argumento de limitar el impacto paisajístico, la Xunta exige a las empresas inversiones que tendrán un coste de 3.420 millones en unos parques que en muchos casos aún están pendientes de amortizarse en las cuentas de las compañías.
Ante esta situación, la patronal eólica pide ayuda al Ministerio de Transición Ecológica para que eleve al Tribunal Constitucional la ley y, eventualmente, hacerla caer. El Ejecutivo central debe escuchar esta petición ya que, además, de injusta con las empresas supone una amenaza para el desarrollo de las renovables en la autonomía.
