Antes de nada, vayamos a los datos que obtengo del informe Demografía, vivienda y brechas de riqueza que acaba de hacer público la Fundación Afi Emilio Ontiveros y que ha dirigido Daniel Manzano.
El parque de viviendas en España se compone de 26,7 millones de viviendas, de las cuales 18,7 millones corresponden a viviendas principales y alrededor de 8 millones a secundarias. Su antigüedad media ronda entre los 45 y 50 años. Durante las últimas décadas del siglo XX, el acceso a la vivienda en propiedad fue aumentando hasta alcanzar al 85% de los hogares en el año 2002. Desde principios del actual siglo, ese porcentaje se ha ido reduciendo en favor del régimen de alquiler. El número de hogares con vivienda en propiedad está un poco por encima de los 14 millones, frente a los 3,3 millones que ya viven en alquiler.
El estudio asegura que la vivienda se ha erigido en el principal factor explicativo de la creciente brecha de riqueza tanto entre diferentes generaciones como en el interior de cada una de ellas. Los mayores de 65 años acumulan ahora un 42% de la riqueza neta total de los hogares (porcentaje creciente), mientras que los menores de 45 años acumulan solo el 13%.
Cabe preguntarse si este problema que afecta especialmente a los jóvenes puede tener arreglo. Para el analista Joaquín Estefanía, "si hay algún espacio en el que se precise ahora en España un acuerdo social, este es el de la vivienda. Con tanta prosopopeya como los Pactos de la Moncloa. La impotencia política para arbitrar soluciones lo requiere. En él deben participar todas las administraciones y sectores implicados, desde las inmobiliarias hasta los bancos, las asociaciones de inquilinos y propietarios".
Para ello sería necesario llegar a un acuerdo político entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno nacional, cosa que observando el panorama político español resulta difícil de imaginar. Sin embargo, España cuenta, en primer lugar, con empresas de primer nivel dedicadas a la construcción y, en segundo lugar, las instituciones públicas pueden disponer de abundante suelo público. Otra cosa es que las comunidades y los ayuntamientos puedan manejar miles de alquileres, pues las relaciones entre los inquilinos y las administraciones públicas son tan difíciles como complejas. Es mucho más viable entregar viviendas en propiedad con el apoyo de los bancos en forma de precios tasados con hipotecas asumibles por los compradores.
Economistas Frente a la Crisis centra un plan nacional de vivienda en un fondo financiero por parte de la Administración General del Estado,regulado por una norma con rango de ley, que establezca el destino y las condiciones de utilización de los recursos para financiar la construcción de un parque público de viviendas sociales de alquiler. Este fondo, nutrido por la emisión de bonos ICO avalados por el Estado, iniciaría la construcción de 200.000 viviendas antes de finalizar 2026.
Pero yo me pregunto: ¿es posible que, tal como está el ambiente, se puedan juntar esas voluntades? Tengo algo más que dudas y, a la vez, creo que además de necesario debería ser posible dar una salida a este grave problema.
