España se ha confirmado en los últimos seis meses como el destino preferido de empresas de centros de datos. Lo demuestran los 34.100 millones de inversión captados en este periodo tras los compromisos de gigantes tecnológicos estadounidenses y de firmas tanto españolas como de Emiratos.
Un atractivo que nuestro país conserva a tenor de los últimos datos que indican que las eléctricas cuentan con solicitudes para puntos de acceso destinados a centros de datos por más de 16.000 MW. Este fuerte incremento de la demanda, un 60% superior a 2023, ha generado la lógica reticencia del Gobierno y del sector eléctrico.
Ambos temen que una nueva ola de especulación vuelva a copar el acceso a las redes, como ya ocurrió con las renovables, lo que dificultaría el desarrollo de nueva capacidad industrial en nuestro país. Es por ello acertado que Transición Ecológica planee estudiar la solvencia financiera de los solicitantes y eleve los controles para evitar proyectos fantasma.
Pese a este riesgo, España está ante la gran oportunidad de captar las inversiones millonarias que generan los data centers. El problema es que estas instalaciones son grandes consumidores de energía por lo que requieren de una infraestructura eléctrica acorde para trabajar a pleno rendimiento. Y es aquí donde nuestro país cojea debido a la baja capacidad de la red que ya paraliza proyectos.
Es por ello necesario invertir más en la red eléctrica para facilitar un mayor acceso tanto de la oferta, con más renovables que abaratan el precio de la energía, como de la demanda, para satisfacer las necesidades de los centros de datos. Pese a ello, nuestro país mantiene unas inauditas limitaciones a la ampliación de las redes y a la retribución de las mismas, que frenan las inversiones. Urge eliminar este incomprensible veto.