Madrid
Se mire por donde se mire, el Gobierno de Sánchez ha vuelto a salir victorioso al conseguir aprobar una reforma fiscal para cumplir con Bruselas a la par que amarra el nombramiento de Teresa Ribera como número dos de la Comisión Europea. Sale adelante la prórroga del impuesto a la banca y a las energéticas, amén del alza del tipo mínimo de Sociedades o de la restauración de la reforma Montoro, pero en el camino se quedan las alzas impositivas a socimis, pisos turísticos, diésel ó seguros sanitarios, que hubieran complicado la supervivencia de muchos sectores.
La votación en la Comisión de Hacienda del lunes, que se prolongó hasta las dos de la madrugada, puso de manifiesto la caótica negociación de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, con acuerdos contradictorios entre sus socios. Así, mientras que prometió a Junts y a PNV suprimir el gravamen a las energéticas, a BNG ó Bildu, al igual que a Podemos, les garantizó que seguiría, pero con una exención para las inversiones sostenibles. El Gobierno creará una comisión parlamentaria para concretar la normativa. Pero no hay garantía alguna sobre lo que vaya a salir de ella. Los vencedores morales son el PSOE y su socio de ERC, partidarios ambos de prorrogar el gravamen al menos un año, como teme el sector que ocurra.
Las energéticas están en contra de introducir una deducción fiscal, porque crearía una gran discrecionalidad a la hora de aplicarlo, que podría beneficiar a autonomías como Cataluña, en detrimento de otras como Andalucía, ó a unas empresas sobre otras, en función de su relación oficial. El Club de la Energía, Enerclub, que reúne a todo el sector, advirtió que están en juego 30.000 millones en los próximos tres años, equivalente al 6% de la inversión anual en España. Además, echaría por tierra el ambicioso plan de Energía y Clima presentado por el Gobierno para la descarbonización.
El impuesto que más consenso concitó fue a los bancos. Junts volvió a llevar la voz cantante, con un endurecimiento del gravamen a las entidades con margen de intereses y de comisiones superior a 5.000 millones. Un traje hecho a medida del Sabadell, que queda justo por debajo de ese nivel de ingresos, y de la banca mediana. Junts pactó, además, el reparto de la recaudación en función del PIB de las autonomías, lo que garantiza que Cataluña recibirá una quinta parte.
Sin embargo, CaixaBank, el mayor grupo bancario en España, será el más perjudicado. El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri puso sobre la mesa una enmienda, que eximía a la Fundación La Caixa del pago del tributo. Pero los de Puigdemont le contestaron que no podían asumir su defensa, por lo que desapareció de la votación final. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, valoraba antes de conocer el endurecimiento del gravamen, que éste podía mermar un punto su rentabilidad durante los próximos tres años, ahora sería más.
Las patronales bancarias, AEB y CECA, advierten de una merma de la concesión de créditos. El Gobierno vuelve a caer en una contradicción irreversible. Mientras que critica la opa del BBVA porque estrecharía la financiación a las pymes, luego lo favorece.
El Gobierno ha transformado el Congreso en una almoneda, en el que se negocia cualquier tipo de iniciativa, sin conocer su coste económico ni escuchar en audiencia a los sectores afectados y, por supuesto, sin testar la legalidad de las medidas con instituciones como el Consejo de Estado.
PSOE y ERC ganan la batalla energética frente a Junts. La próxima batalla es el recorte horario
La falta de seguridad jurídica es brutal. El entorno normativo cambia de la noche a la mañana para sectores enteros de la economía. El inmobiliario asegura que el daño ya está hecho, porque el planteamiento de suprimir la exención fiscal a las socimis generó gran desconfianza entre los inversores nacionales y extranjeros, en un momento crítico, ya que el Banco de España evalúa en 600.000 el déficit de viviendas.
Montero cumplirá su promesa de ajustar en 4.000 millones el gasto público en 2025. Pero a costa de elevar la presión fiscal a empresas y familias y de minar la confianza en nuestro país, en lugar de ajustar el gasto o aprovechar los años de bonanza para acometer reformas fiscales, que impulsen el crecimiento. Según las previsiones enviadas a Bruselas, el PIB tendrá un comportamiento plano a partir de 2027.
El índice de competitividad fiscal de la Tax Fundation, presentado en España por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), revela que la presión fiscal está ya por encima de la europea, tanto en empresas como en IRPF o rentas de capital. La recaudación tributaria creció un sorprendente 47% desde 2019 a la actualidad, hasta los 295.000 millones. Pero el Gobierno no supo aprovechar la ocasión para recortar los desajustes fiscales. El déficit subió en ese periodo del 3,1 al 3,6% y la deuda pasó del 98,2 al 107,7% del PIB.
La Tax Foundation señala que en España no caben ya más impuestos sin un serio deterioro de su competitividad. Tanto la presión fiscal media como la ejercida en el ámbito empresarial crecieron en torno a dos puntos entre 2018 y 2023. Las empresas españolas aportan el 32% de la recaudación fiscal, ocho puntos más que la media de la UE. Mientras que el Impuesto de Sociedades está en el 25%, frente al 21,3% de Europa.
Ser rico en España tiene una grave penalización, como se sabe. No sólo por que somos uno de los pocos países con Impuesto de Patrimonio, sino por que el IRPF, que lleva sin descontar la subida de los precios las dos últimas legislaturas, puede llegar al 54%, frente al 40% de la UE. La situación se repite en tributación de dividendos, con un máximo del 46%, frente al 41% europeo.
La otra victoria de Sánchez se llama Teresa Ribera. La aún vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica mintió descaradamente tanto en la tribuna del Parlamento europeo como del Congreso al afirmar que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHJ) envió "a tiempo" los mails que avisaban sobre la crecida del Barranco del Poyo. El correo de la CHJ avisando del desbordamiento se recibió a las 18:43 en la Cecopi, cuando muchos de vecinos de Paiporta luchaban ya por sobrevivir en sus garajes o de camino de vuelta a su hogar.
Sánchez vuelve a ganar, como muestra el último sondeo del CIS, pese a su penosa intervención en la DANA ó la presunta corrupción de su Gobierno por el caso Aldama. Es la última pirueta de un presidente con las siete vidas de un felino, que siempre cae de pie. Eso sí, nadie da explicaciones sobre el coste de las medidas para la economía.
Al contrario, Montero presume de que su próximo objetivo es ya el Presupuesto de 2025, aunque antes tendrá que lidiar con las exigencias a izquierdas y derechas de sus socios. Antes de eso, el siguiente golpe a los empresarios está en la aprobación de la reducción de la jornada semanal a 37,5 horas que la vicepresidenta Yolanda Díaz se dispone a firmar con los sindicatos la próxima semana. La oposición de Junts es clave para que no prospere, pero visto lo que ocurrió con las medidas fiscales, puede pasar cualquier cosa.
Desesperación en el BBVA. Torres llama a patronales y Cámaras para evitar el apoyo al Sabadell
PD.- A mal tiempo, buena cara. Es el lema adoptado por el BBVA, tras la fuerte merma de credibilidad de su presidente , Carlos Torres, después de que la CNMC advirtiera de que la opa sobre Sabadell acarrearía una seria restricción de créditos para las pymes.
El banco azul no sólo quita importancia al informe de Competencia, sino que da pábulo un posible alza en 2.000 millones de la oferta sugerido por Deutsche Bank, pese a que su consejero delegado, Onur Genç, afirmara que "no dudaremos ni un minuto en retirarnos si se compromete el valor". Después de haber bajado casi el 20% desde la opa, ¿cuánto perdería BBVA en bolsa si ofreciera 2.000 millones más?
El problema está en que grandes patronales como Foment y numerosas Cámaras de Comercio se personarán ante el organismo para poner pegas a la operación. Torres, con el agua al cuello, está llamando a los presidente de estas instituciones para convencerlos personalmente de que la opa no supondrá una merma del crédito a las pymes. Tiene una complicada tarea por delante, porque no sólo las cámaras o las patronales, también los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, pretenden posicionarse contra la operación por la importante merma para el empleo en Cataluña y Valencia. ¡Un error estratégico difícil de enmendar!
