El Plan hidrológico para los años 2022-2027 prevé destinar 37.938 millones. Pero la realidad es que de esa cifra solo se ha invertido la mitad de los estipulado. Así ha ocurrido en los años 2022 y 2023, un periodo donde se han llevado a cabo licitaciones por 5.534 millones frente a los 12.600 que hubiesen sido necesarios para cumplir con los objetivos del Plan.
Por si fuera poco, de esa cantidad que ya es un 57% menor del total, se desconoce cuantos proyectos han llegado finalmente a contratarse ya que habitualmente una parte importante de las licitaciones quedan desiertas. Estos datos evidencian las escasas inversiones que nuestro país realiza en prevención de inundaciones. Un déficit que no es nuevo.
Así lo demuestra que tres presas proyectadas hace dos décadas en la cabecera del barranco del Poyo estén aún sin construir y, también, los expedientes abiertos y las sanciones que la UE ha impuesto a España desde 2009 por el retraso en sus planes hidrológicos. Esta falta de prevención ha quedado por desgracia de manifiesto en la catástrofe provocada por la DANA en Valencia.
Una dura lección de la que el Gobierno debería aprender de cara a futuro. Por desgracia, nada indica que eso vaya a ocurrir. Lo demuestra el uso político que el Gobierno pretende hacer con el plan de reconstrucción de las zonas devastadas al ligarlo a los Presupuestos cuando existen otras alternativas para obtener el dinero. Y lo mismo ocurre con las insuficientes ayudas aprobadas para las empresas castigadas por las riadas a las que además que se las acosa desde un punto de vista laboral. Aunque lo más grave es que la DANA no ha provocada que se impulse un plan de infraestructuras que evite catástrofes similares en el futuro pese a que el cambio climático las hacen cada vez más habituales.