Barcelona
Desde hace muchos años se pretende resolver el problema de la vivienda para aquellas personas que carecen de recursos suficientes para satisfacer un alquiler libre. Los intentos de las administraciones públicas han ido dirigidos a controlar los precios distorsionando las leyes del mercado. La principal, la ley de oferta y demanda. Los precios bajan si hay mucha oferta y suben si es escasa. Así de sencillo.
En España, como consecuencia de la burbuja inmobiliario de 2008, se llevó por delante todas las cajas de ahorro del país y obligó a estudiar y calificar de nuevo el suelo edificable de los municipios, limitando su edificabilidad para evitar nueva especulación. Estas enormes limitaciones provocadas por la crisis derivaron en que, cuando cambió el ciclo y apareció una nueva demanda de viviendas, no había suelo edificable suficiente.
Ley del péndulo habitual en nuestro país. Habilitar suelo requiere muchos años de trámites administrativos, modificación de planes generales, de planes parciales, licencias urbanísticas adaptadas al mercado. Impulsos a la administración pública municipal, autonómica y estatal. Años y años de espera y mientras tanto los posibles compradores o inquilinos, la gente normal, intentando encontrar soluciones para resolver su problema.
Consecuencia de la falta de vivienda, subida de precios sin límite tanto para adquirir como para alquilar. Posibles soluciones. Nuestros economistas de la izquierda abogan por el intervencionismo del mercado, limitar precios, alargar contratos.
Nuestra guerra civil y la segunda guerra mundial, provocaron enormes déficits de vivienda en las grandes ciudades. En nuestro país se intervino el mercado de alquileres. Contratos de arrendamiento sin poderse aumentar las rentas durante tres generaciones, trajo como consecuencia que los alquileres al nuevo arrendatario eran elevadísimos ya que durante muchos años no podrían aumentarse. Provocó el estado ruinoso de la finca y de la vivienda que se alquilaba porque el propietario no invertía por no ser necesario ni rentable. La rehabilitación de la vivienda la pagaba el inquilino si lo deseaba o podía, en caso contrario vivía en precario.
Consecuencia, falta de conservación y envejecimiento de las fincas. Además, este sistema, la limitación de alquileres y el contrato indefinido, no resultó suficiente para resolver el problema y se destinó capital de los ayuntamientos y del Estado para edificar vivienda social en alquiler, las rentas se establecieron de acuerdo con los ingresos más bajos. Es decir, a precios políticos.
Estas medidas, unidas a bonificaciones fiscales a las Cajas de Ahorro si edificaban viviendas en alquiler, paliaron el enorme problema de la vivienda eliminando el barraquismo en las grandes ciudades. Muchos empresarios, viendo el nicho de mercado, se dedicaron a la promoción y venta de vivienda social. El resultado fue que, en un plazo de unos diez años, de los sesenta a los setenta del siglo pasado, pudo paliarse el problema.
Con la democracia todos los gobiernos centrales y autonómicos se olvidaron de la construcción de viviendas sociales que fueran arrendadas directamente por el Estado, las autonomías o los municipios. Algunos gobiernos intentaban encontrar soluciones imaginativas pero todas ellas manipulaban el mercado y éste siempre encuentra una salida a una limitación.
En Europa, Austria, Suiza y Alemania tienen un enorme parque de vivienda social pública. La mitad es de alquiler y la otra mitad de propiedad. En España el 75% es de propiedad y el 25% de alquiler y de éste, menos de 1% por ciento es de propiedad pública en arrendamiento.
Este gobierno pretende regular los precios de los alquileres y de las compraventas, pero no solo de las viviendas de su propiedad, también de las que están en manos de particulares. Desde hace muchos años se le inculcó al ciudadano que el mejor ahorro se encontraba en el "ladrillo" porque nunca baja de precio y puede alquilarse obteniendo un complemento para su jubilación.
Controlar el mercado comporta riesgos impredecibles porque el dinero es escurridizo y el inversor o el asesor encuentran vericuetos para esquivar las normas. Esta intervención normativa ahuyenta al inversor, al ahorrador, al pequeño rentista.
La única solución es la creación por parte de municipios, comunidades autónomas y gobierno central de un número de vivienda pública importante que, alquilada a precios políticos, aumente el número de viviendas y compita con las privadas para contener los precios. El número de viviendas que se creen mediante este sistema será insuficiente y se prolongará años la solución del problema.
Para generar más vivienda debe también liberarse suelo, calificarse para este fin y por tanto agilizarse los largos trámites. Otro sistema que ayudaría es liberar de impuestos a quienes construyan, promuevan y exploten vivienda social con rentabilidad limitada.
No descubro nada nuevo, los técnicos de las diferentes administraciones conocen los métodos, son los políticos el freno. Hablan de construir decenas de miles de viviendas, de topar las rentas, de intervenir los precios, cuando lo que deberían hacer es vivienda pública, aumentar la oferta de vivienda utilizando métodos interesantes para el inversor, como la disminución impositiva en el sector, cuanto más vivienda exista, pública y privada, más competitivos será sus precios. Limitar precios sin aumentar el número de viviendas no resolverá el problema, lo aumentará porque huirá el posible inversor.
La solución es sencilla y conocida, nos preguntamos por qué no se aplica. ¿El freno es ideológico, la presión del gran capital, incluida la banca porque puede menguar su negocio hipotecario, de las empresas constructoras? O bien, como deben modificarse normas y crear nuevas, el gobierno carece de mayoría parlamentaria suficiente y pretende legislar mediante decreto, siempre limitativo y parcial.
