Las concesiones de infraestructuras llevan en crisis desde la crisis de 2008, pese a que desde entonces ha habido bastantes años de crecimientos económicos sólidos. El motivo de ello reside en el fracaso del Plan Extraordinario de Carreteras de Mariano Rajoy que nunca llegó a ver la luz.
Y, también, en la Ley de Desindexación, vigente desde 2015, que limita la rentabilidad de los proyectos, lo que los hace inviables para las constructoras. Pese al difícil contexto hay autonomías como Andalucía, Aragón, Madrid y Extremadura han encontrado la forma de impular iniciativas por valor de 3.500 millones. Para ello han recurrido a acuerdos de colaboración público-privada. El Gobierno debería replicar este modelo y terminar con la parálisis de las concesiones.
