Galicia
El gobierno gallego rescatará a través de una inversión de 297 millones de euros las autovías de O Salnés, O Barbanza, Ourense-Celanova y Santiago-Brión, lo que permitirá un ahorro anual a las cuentas autonómicas de 30 millones por el importe que se abonaba a las concesionarias de estas infraestructuras en concepto de peaje en sombra.
La decisión, adoptada en el Consello de la Xunta de este lunes, ha sido avanzada por el presidente gallego Alfonso Rueda, y desgranada posteriormente por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quien no ha concretado cuánto se abonará a las concesionarias en indemnizaciones.
En total, la recuperación de la gestión de estas vías de alta capacidad en régimen de concesión permitirá, según Rueda, dedicar "a otras materias más importantes" las cuantías que cada año incluían los presupuestos de la Xunta en peajes en sombra, es decir, en compensaciones a las concesionarias por estas autovías sin peajes para los usuarios.
El titular del Gobierno gallego manifestó que esta decisión se enmarca dentro de una estrategia "coherente" con las políticas de infraestructuras desarrolladas por la Xunta en los últimos años, que incluye la construcción de más de 220 kilómetros de vías de altas prestaciones libres de peaje, garantizando que ocho de cada diez gallegos tengan acceso a una de estas vías a menos de 15 minutos de sus hogares, así como la congelación de los peajes en las autopistas A Coruña-Carballo y del Val Miñor.
Por su parte, la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, indicó que con la medida aprobada este lunes se da un paso más hacia una red de infraestructuras cada vez más extensa y económica para los ciudadanos.
Empresas afectadas
Las firmas que se van a ver afectadas por este rescate son la concesionaria que gestiona la autovía del Salnés, cuyo accionariado está constituido por Copasa (40%), Puentes (30%) y Abanca (30%), y la de Celanova, donde, en este caso, Copasa posee un 70% de las acciones y Extraco el 30% restante.
Las dos restantes, la autovía de Santiago-Brión participada por Iridium (ACS) con un 70%, Extraco con un 15%, y Francisco Gómez con el 15% restante. En el caso de la vía Barbanza, la constructora Sacyr ostenta el 100% del accionariado.
En este sentido, Martínez recordó que Galicia cuenta hoy con más de 1.400 kilómetros de vías de altas prestaciones, diez veces más que hace 30 años y destacó que en 2025 seguirán avanzando en ejes como lo de Tui-A Guarda, Nadela-Sarria y Santiago-A Estrada.
Las cuatro autopistas que pasarán a ser gestionadas por la Xunta suman un coste total de 297 millones de euros, y con esta operación se prevé un ahorro de más de 330 millones de euros en peajes en sombra y mantenimiento hasta el final de las concesiones. Esto, por lo tanto, permitirá disponer de 30 millones de euros adicionales para las finanzas públicas gallegas.
Contratos patentes
Por otra parte, el presidente de la Xunta, ha asegurado desconocer con quién contrata cada departamento de su Gobierno cuando necesita solventar cuestiones ligadas con el registro y vigilancia de patentes y marcas, aunque ha avalado implícitamente los contratos con la firma del hermano de su secretaria xeral de Presidencia, Beatriz Cuíña, al afirmar que este tipo de adjudicaciones (sin concurso público) se realizan a través de "un procedimiento normal, transparente y fiscalizado", dijo.
Así lo ha defendido, ante la información publicada por el 'eldiario.es', que ha revelado este lunes que la Xunta pagó en los últimos siete años 782.666,5 euros en 272 contratos concedidos 'a dedo' (por la vía del contrato menor) al hermano de Beatriz Cuíña, quien ocupa el cargo de Secretaia Xeral de Presidencia.
El diario digital publica que la firma del hermano de Cuíña (Gallaecia Patentes y Marcas) habría recibido contratos menores en los últimos siete años (que se habría disparado en 2021) por un importe que se aproxima al 70% de toda la facturación en la empresa en ese periodo, además de ser significativamente más elevado que el que reciben el resto de compañías similares con las que trabaja la Administración gallega.
No en vano, Rueda ha defendido que "aquí y en la mayoría de administraciones" se recurre a despachos especializados para el registro y vigilancia de las patentes y marcas. También ha añadido que "el procedimiento a través del contrato menor es habitual desde hace muchísimos años" y ha resaltado que los datos que incluye la propia información -aunque ha asegurado no estar seguro de si son correctos- han sido extraídos "de la información de la propia Xunta", a través de Transparencia.
Los contratos de este tipo están "fiscalizados", ha continuado, no solo por el Consello de Contas (que cuestiona el 'abuso' de esta vía de forma reiterada en sus sucesivos informes) sino también, en los distintos departamentos autonómicos, a través de la Intervención Xeral de la Xunta.
Caso Koldo
Después de que tanto BNG como PSdeG hayan hecho públicas sus sospechas ante la información de 'eldiario.es' y hayan avanzado su intención de pedir que Beatriz Cuiña comparezca en la comisión de investigación que ha echado a andar en el Parlamento (a impulso de los nacionalistas) para analizar, entre otras cuestiones, algunas contrataciones de la Administración autonómica, Rueda ha evitado clarificar si el PP lo impedirá.
El presidente de la Xunta y líder del PPdeG también se ha pronunciado sobre el paso dado por su formación en relación a la querella en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias en el marco del 'caso Koldo' y la ha respaldado.
Al respecto, Rueda ha defendido que "ante el carrusel" de informaciones que han trascendido "lo adecuado" en este momento es presentar una querella contra el PSOE y no una moción de censura (para la que los propios populares han admitido que la coyuntura política no les favorece los apoyos que permitirían que saliese adelante).