El Gobierno no tiene límites en el gasto destinado al personal eventual que prolifera en sus ministerios. Tanto es así que esta partida muestra un alza del 65% desde que Pedro Sánchez llegara a Moncloa en 2018. En concreto, son más de 41 millones que, solo entre enero y junio pasados, se destinaron a remunerar a personas que no pasan por el filtro de un proceso de selección o prueba de acceso comparable a las oposiciones.
Su nombramiento se produce a dedo, por libre designación de los ministros. Es indudable que estos últimos necesitan del respaldo de expertos para tomar decisiones de carácter técnico. Pero sí es discutible que, para cumplir esa función, se requiera un ejército de 1.600 profesionales –según datos de cierre de 2023–, de los que hay departamentos, como Presidencia, que absorben más de 400.
El propio diseño de los Ejecutivos de Sánchez, con un número muy superior de ministerios respecto a los de gobiernos precedentes, es el mejor caldo de cultivo para esta hiperinflación de cargos de confianza. Un alza de asesores que, además, eleva un 43%, hasta 940 euros, la brecha que existe entre los sueldos públicos y los que se abonan en el sector privado, ya que estas personas están entre las que más cobran de la administración.
El incremento de los eventuales de este tipo es aún más reprochable considerando que se ha producido en el contexto de dos crisis económicas de tanto calado como las derivadas por la pandemia y la guerra en Ucrania. En esos años, Moncloa no dudó en reprochar a las empresas del Ibex las dimensiones y las remuneraciones de sus cúpulas, por ser "ajenas a la realidad". El Gobierno carece de escrúpulos al practicar políticas de gasto indiscriminado en asesores que tanto critica en otros, financiándolas además con dinero público.
