Tengo la sensación, afianzada con el paso del tiempo, de que los partidos políticos españoles no necesitan un ideario político muy definido, en el que crean de buena fe y quieran transmitirlo con esfuerzo e inteligencia a la sociedad. Mantienen mejor el apoyo de sus votantes por una vía más sencilla. Quizás no fuera así en los primeros años de la transición democrática, pero la experiencia de sucesivas elecciones ha ido engrasando maquinarias que solo siguen el dictado de técnicas publicitarias y de comunicación, generando aquellos mensajes que mejor puedan calar entre el electorado, por muy simplones y vacíos de contenido y convencimiento que sean. Los impúdicos bandazos que dan no les causan especiales daños, por lo que salen rentables para satisfacer las necesidades del partido en el corto plazo. Véase, como ejemplo, lo que decía el partido que hoy nos gobierna sobre una posible amnistía durante la campaña electoral de 2023, y cuál ha sido su actuación tras las elecciones.
La culpa de todo eso la tenemos, en gran parte, los propios ciudadanos, en general muy dados al exabrupto en el bar, pero poco a la reflexión crítica. Reaccionamos como la gaseosa cuando se agita, con efectos que rápidamente se diluyen, quedando apenas castigados los desmanes que sufrimos. Se acaba imponiendo la conclusión "sí, es verdad, pero todos los políticos son iguales". Quienes tienen a su cargo responsabilidades públicas eluden fácilmente las explicaciones que deberían dar, despachándonos con evasivas en ruedas de prensa enlatadas, y en las que, eso sí, nunca faltan contundentes descalificaciones, cuando no insultos, a los oponentes políticos. Me causa particular envidia de mis años de residencia en Alemania, cuando ocurría algún suceso relevante o grave, cómo el ministro federal del ramo estaba desde el primer día en las grandes cadenas de televisión atendiendo, en debates abiertos y sin condiciones, a las preguntas de periodistas de diferentes medios de comunicación. Todo ello al margen de sus pertinentes explicaciones en sede parlamentaria.
Viene todo esto a cuento de las negociaciones para una financiación "singular" para Cataluña, que proyectan un aire de pura improvisación, con absoluta opacidad sobre los montantes económicos pactados, si es que los propios actores del acuerdo realmente los han calculado. Hemos visto cómo se negociaban, solo por el interés coyuntural de un partido político, condiciones ventajosas de financiación para Cataluña (singulares, lo han denominado, que los expertos en comunicación de los partidos sí que son unos fenómenos). Parece que el Presidente del Gobierno español fuera algo así como un antiguo rey feudal, con poder para conceder fueros y privilegios a los súbditos que le rinden pleitesía, y todo eso cuando ni siquiera ha podido presentar a las Cortes Generales, como era obligado, un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para este año fiscal de 2024.
La financiación de las comunidades autónomas debe ser, lógicamente, objeto de negociaciones políticas, pero desarrolladas con el objetivo de alcanzar acuerdos a largo plazo, con la participación de todos y buscando un amplio consenso, con reglas para períodos plurianuales, dejando el adecuado margen para los ajustes que aconsejaran las circunstancias coyunturales.
Es de puro sentido común que, si una comunidad autónoma pasa a recibir un trozo mayor de la tarta de la financiación autonómica, las otras comunidades recibirán menos. El Gobierno reacciona negando que vaya a pasar eso y dice que todas saldrán favorecidas (lo que, a su vez, provoca el enfado de sus socios de conveniencia, porque lo que han obtenido parece que ya no va a ser tan "singular"), e incluso se llega a afirmar ¡que será bueno para todos los españoles! Se insinúa, para poner un poco de sentido a este disparate, que la fiesta la va a pagar el Estado central.
Ahora bien, el Estado español es deficitario y está tremendamente endeudado, en una proporción sobre el PIB que supera ampliamente los límites máximos fijados por las reglas de estabilidad presupuestaria europeas. O sea, cuando se necesitan políticas de contención del gasto público para sanear las cuentas y que no siga aumentando la pesada carga de endeudamiento que estamos dejando a las generaciones futuras, se nos pretende vender como bueno para todos los españoles que las comunidades autónomas vayan a tener margen para gastar más (premiando, además, a la que más se ha distinguido por su "singular" y deficiente gestión de los recursos públicos). Se insinúan aumentos de impuestos "para más transporte público y menos Lamborghini". Lo cierto es que la sociedad ya sufre una elevada presión fiscal, peligrosa para su capacidad de generar riqueza. Para que mejoren las condiciones del transporte y de otros servicios públicos no sirve de nada la demagogia mitinera, pero si ayudarían gobernantes que se comportaran con honradez, sin cambiar su ideario al estilo de los principios de Groucho Marx, esforzándose por mejorar la asignación de los recursos públicos, que no son infinitos, sino escasos, y dejándose guiar por el consejo técnico de funcionarios expertos, que están ahí precisamente por haber acreditado objetivamente sus méritos y capacidades.
A quien piense que es ciencia ficción eso que indicaba unas líneas atrás, sobre la planificación a largo plazo de la financiación de las comunidades autónomas, le invito a que repase las leyes que regulan el reparto territorial de recursos públicos en Alemania (la Mastäbegesetz y su ley complementaria, la Finanzausgleichgesetz). Verá que se establecen reglas para que duren muchos años, con amplio consenso, donde se reparten los recursos públicos a gestionar por el Estado federal y los estados federados con criterios sencillos, transparentes y muy solidarios, fácilmente comprensibles para la población. De esta forma, todas las administraciones públicas saben a qué atenerse para su planificación presupuestaria de los próximos años, disponiendo entre ellas de condiciones financieras homogéneas para atender las responsabilidades que cada una tiene ante los ciudadanos, sin privilegios o "singularidades" para ningún Estado federado, y sin que los gobiernos de turno puedan alterar esas reglas atendiendo a intereses partidistas.