
Como ha sucedido en muchos otros países desarrollados últimamente, los dos principales partidos políticos en el Reino Unido han hecho del crecimiento económico su principal prioridad en materia de política. Sin embargo, tras la experiencia volátil de 49 días del gobierno de Liz Truss y su "plan de crecimiento" en 2022, ambos partidos reconocían en la campaña electoral de junio que no existen atajos financieros. El foco, en cambio, está en diseñar medidas para impulsar la productividad, la asignación de recursos y el crecimiento en el largo plazo. En este sentido, el programa del Partido Laborista sacaba ventaja al propio de los conservadores y esperamos que eso se refleje en el Gobierno de Keir Starmer.
Un crecimiento pujante, duradero, sostenible e inclusivo es esencial para un país donde las generaciones mayores corren el riesgo de ver cómo sus hijos terminan en peores condiciones que ellas. Eso no ha sucedido en muchas décadas. Solo el crecimiento puede brindar los recursos necesarios para potenciar los estándares de vida, mejorar los servicios públicos, solventar las iniciativas de energía sustentable, limitar la escala de los aumentos impositivos generalizados y combatir la desigualdad de riqueza, ingresos y oportunidades.
En resumen, se trata de aumentar el límite de velocidad seguro para el crecimiento económico. El Banco de Inglaterra estima que el crecimiento potencial de la economía de Reino Unido puede descender hasta el 1%. A esa velocidad, mucho de lo que aqueja al país probablemente empeore, y no mejore, con el tiempo. Asimismo, este potencial de crecimiento ya débil podría deteriorarse aún más si se permite que el problema se agudice.
No existe una solución mágica y singular que pueda cambiar esta perspectiva. A muchos políticos británicos todavía los obsesiona la saga de Truss, cuando la primera ministra que acababa de asumir el cargo intentó utilizar recortes impositivos sin financiación como un estímulo, lo que no hizo más que generar un episodio nefasto de inestabilidad financiera que obligó a un cambio de gobierno. Hoy es bien sabido que, después de tantos años de inversión insuficiente y de rezagamiento de la productividad, lograr un crecimiento de alta calidad exige una estrategia política integral que se base en muchos objetivos intermedios. El Partido Laborista ha ido más allá a la hora de especificar este tipo de reformas estructurales. Su programa incluye propuestas para modernizar el sistema de planificación, impulsar la infraestructura, mejorar los vínculos comerciales, atraer inversión privada doméstica y extranjera (inclusive a través de un Fondo de Riqueza Nacional energizado), eliminar las distorsiones impositivas y apostar a iniciativas específicas por sector. El partido también ya tiene identificadas alianzas público-privadas prometedoras con el objetivo de mejorar los fondos susceptibles de inversión, alentando al mismo tiempo la innovación y la eficiencia.
El Partido Laborista ha indicado que intentaría "integrar" muchas de estas reformas fortaleciendo las instituciones existentes. Para garantizar que todas estas políticas sigan siendo compatibles con la estabilidad financiera, se ha comprometido a respetar la misma "regla" de deuda pública que el actual Partido Conservador.
El desafío hoy es diseñar un plan de ejecución detallado, que incluya un sistema de monitoreo de alta frecuencia que brinde retroalimentación en tiempo real y permita hacer correcciones de curso oportunas, si fuera necesario. Cualquier mapa de ruta de la política económica debe favorecer las reformas integrales por sobre las graduales. Estas reformas se deberían implementar de manera simultánea, y no secuencial, y deberían producirse cuanto antes.
Como ha demostrado el Partido Laborista con su exitoso despegue después de llegar al poder en 1997, un nuevo énfasis en el crecimiento se vería beneficiado por medidas serias destinadas a mejorar la credibilidad. Eso es lo que hizo el entonces ministro de Hacienda Gordon Brown con su decisión sorprendente y lúcida de entregar las riendas de la política de tasas de interés al Banco de Inglaterra, consagrando así el principio de independencia del banco central.
Algunas de las medidas más poderosas que propone exigirían recursos por adelantado, pero su crecimiento y beneficios financieros recién se materializarían con el tiempo. El Gobierno actual también se enfrentará a un sistema internacional más complicado y cada vez más fragmentado, y necesitará asegurarse una aceptación consistente de parte del sector privado que, en definitiva, es el que debe cargar con el trabajo más duro.
Otro riesgo relacionado consiste en mejorar el funcionamiento de los motores de crecimiento existentes respaldando, al mismo tiempo, el desarrollo de los sectores e industrias que impulsarán el crecimiento en el futuro. Alcanzar un equilibrio adecuado tal vez resulte la parte más difícil del desafío, dados los recursos limitados del país y el hecho de que algunas iniciativas clave se persiguen mejor a nivel regional. (Con su falta de suficientes iniciativas regionales robustas que impulsen la innovación en inteligencia artificial, ciencias humanas y energía sostenible, la Unión Europea actualmente enfrenta un problema similar).
Promover un crecimiento alto, duradero, sostenible e inclusivo nunca iba a ser fácil después de tantos años de desidia. La necesidad de revitalizar los motores de crecimiento existentes del Reino Unido y, simultáneamente, poner en marcha otros nuevos complica aún más la tarea. Pero para parafrasear el famoso discurso sobre la llegada a la luna del presidente norteamericano John F. Kennedy, el partido ganador debe hacer éstas y "otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles".