El Gobierno insiste en que llevará al Congreso, con garantías de éxito, el proyecto de Presupuestos del Estado de 2025. Pero nada cambió con respecto a julio, cuando el Ejecutivo fue incapaz de superar en la Cámara el trámite más preliminar, la aprobación de los objetivos de déficit y deuda, para elaborar las Cuentas.
En este escenario, resulta ya razonable estimar a qué limitaciones se enfrentaría el Gobierno, una vez prorrogada por segunda vez la ley presupuestaria de 2023. No serán pequeñas. Ya en este año, la prórroga supone una reducción del gasto público de 10.000 millones.
Es el resultado de aplicar sobre el techo de gasto nominal de 2023 el descuento que supone la inflación media –del 3,5%– prevista para todo 2024. En 2025 ese efecto será mucho menor, dado el descenso al 2% del IPC, pero eso no impedirá un recorte automático aún mayor del desembolso público, de más de 22.000 millones.
No en vano el Gobierno hace un uso intensivo de su prerrogativa para fijar el techo de gasto, y se permite subir ese límite año tras año, aunque está en máximos desde el final de la pandemia. Como resultado, Moncloa fijó un tope de casi 200.000 millones para 2025, frente a los 195.300 millones de 2023. Este último es el que volverá a estar en vigor, si las nuevas Cuentas no prosperan, lo que implica otra forzosa contención para las Administraciones. Se trata de una buena noticia en lo que respecta al equilibrio de las cuentas públicas y el cumplimiento de las reglas fiscales de la UE. No obstante, ningún mérito le correspondería al Gobierno en ese éxito, ya que constituye una nueva prueba de la parálisis legislativa y la ausencia de apoyos fiables en la que está atrapado el Ejecutivo desde su constitución hace casi un año.